La consulta buscará que el pueblo decida si acoge o no la propuesta de reforma tanto laboral como de salud.
Durante su alocución del martes 11 de marzo por la noche, el presidente Gustavo Petro, un poco indignado por el inminente hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, anunció que convocará a una consulta popular para decidir el rumbo de este proyecto de ley y el de la salud también.
No obstante, muchos no conocen con exactitud que es la consulta popular, pues algunos la confunden con el referendo, ambos mecanismos de participación dispuestos en la la ley 134 de 1994.
Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), la consulta popular es una institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que este se pronuncie formalmente al respecto.
El camino que debe recorrer el Gobierno para finiquitar la consulta popular
Lo primero que debe pasar es que el presidente tendrá que enviar una solicitud de consulta popular al Congreso de la República. Esta debe llevar la firma de todos sus ministros y la pregunta o preguntas puntuales que contendrá.
En Congreso tendrá un mes, más 15 días prorrogables, para decidir si da concepto favorable o no a la iniciativa. Luego tendría que evaluarse ante la Corte Constitucional y finalmente, en un plazo de tres meses, el Gobierno nacional debe convocar a la consulta popular, que en cualquier caso, no podrá coincidir con ninguna otra elección.
En la consulta el Gobierno nacional debe obtener el 50 % + 1 de votos favorables de la población electoral. El censo de la Registraduría dice que 40.907.289 personas están habilitadas para sufragar en el país, pero para que se apruebe la consulta tiene que salir a votar la tercera parte de esta población, es decir, 12.272.186 personas y de ese número obtener un mínimo de 6.136.093 votos por el sí.
De este modo, si el sí gana, el poder popular debe ser respetado y el Estado debe cumplir sus bases, convirtiendo la iniciativa en proyecto de ley.
