Días después de que el presidente Gustavo Petro propusiera a las organizaciones criminales que hicieran un pacto con el Gobierno.
Uno de los temas más controversiales del último año en el plano político y social del país fue el de la búsqueda de paz del Gobierno del presidente Gustavo Petro con diferentes organizaciones armadas ilegales, entre ellas grupos guerrilleros y estructuras delincuenciales al margen de la ley.
Incluso, pocos días antes de finalizar el 2023, el jefe de Estado planteó la posibilidad de que todos los grupos armados ilegales hicieran un “pacto” con su Gobierno, donde este se ocuparía de financiar a sus desmovilizados, en busca de dejar las armas.
“Yo le diría a los grupos armados todos, hagamos un pacto con el Gobierno, que el pueblo decida cuáles son las directrices, cuánta plata hay que invertir, el Estado se compromete a poner la plata y el grupo armado se compromete a que el fusil se oxida, punto. No nos volvemos a matar entre nosotros, vamos a construir conjuntamente la prosperidad”, fueron las palabras textuales del primer mandatario en ese momento.
En el comienzo de este 2024, quien salió al paso de estas declaraciones fue el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien rechazó la propuesta e indicó que el Estado no puede ser quien financie a as organizaciones armadas ilegales al margen de la ley y mucho menos si no hay un acuerdo de paz.
“No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales, y mucho menos si no han terminado y llevado a buen puerto un proceso de paz. Seguiremos como institución de derechos humanos insistiendo en nuestro llamado: la vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable”, dijo Camargo.
Precisó además que de ninguna manera dejar prácticas como el secuestro a cambio de la financiación de sus combatientes por parte del Estado, tal como lo ha planteado el ELN, puede ir en contra del bienestar y estabilidad socio-económica de los colombianos, añadiendo que es un tema que debe ser estudiado de manera minuciosa para no incurrir en despropósitos o errores.
“El bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras armadas al margen de la ley. Además, reducir la libertad a una transacción y aceptarlo sería anular el respeto por la dignidad humana” dijo el defensor.
