El Departamento de Justicia estadounidense lo tipifica como un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción” vinculada al tráfico de drogas dentro del Estado venezolano.
El caso penal que enfrenta el presidente venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos podría dar un giro inesperado, esto tras conocerse que el Departamento de Justicia ha modificado sustancialmente la base de su acusación, eliminando una de las afirmaciones más repetidas y simbólicas: que el llamado “Cartel de los Soles” sea una organización criminal real con estructura jerárquica y liderazgo definido.
La nueva versión de la acusación, hecha pública esta semana tras la captura de Maduro y su traslado a Nueva York por fuerzas estadounidenses, menciona al Cartel de los Soles apenas dos veces y lo describe no como un cartel de narcotráfico por sí, sino como un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción” vinculada al tráfico de drogas dentro del Estado venezolano.
De acusación firme a matiz semántico: ¿se caen los argumentos contra Maduro?
La acusación inicial, redactada por un gran jurado federal en Nueva York en marzo de 2020, señalaba en alrededor de 32 ocasiones que Maduro lideraba el Cartel de los Soles como una organización criminal estructurada responsable de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Ese vínculo constituyó durante años el eje de la narrativa gubernamental estadounidense sobre la supuesta penetración del narcotráfico dentro del régimen venezolano.
Sin embargo, la versión revisada del documento judicial rechaza esa lectura literal: el término “Cartel de los Soles” se utiliza ahora para describir un entramado de altos funcionarios civiles, militares y de inteligencia que supuestamente se beneficiaron de la corrupción y los ingresos del narcotráfico, sin que exista una entidad independiente con estructura y mando que responda al modelo clásico de carteles como los mexicanos o colombianos. La acusación sostiene que los beneficios del tráfico de drogas “fluyen” a través de un sistema de lealtades y protección dentro del aparato estatal.
El retroceso del Departamento de Justicia no ha sido replicado por el resto del gobierno estadounidense. En el transcurso de 2025, otras dependencias había reforzado la caracterización del Cartel de los Soles como una amenaza transnacional.
Por ejemplo, el Departamento del Tesoro colocó al Cartel de los Soles en su lista de “Especialmente Designados y Terroristas Globales”, lo que permite sanciones económicas más severas contra la red y sus asociados.
El Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, designó formalmente al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), una categoría que le otorga al gobierno herramientas legales ampliadas para perseguir y restringir sus actividades y las de quienes le brindan apoyo. Esta designación entró en vigor en noviembre de 2025.
Por su parte, el presidente Donald Trump como parte de su política antidrogas y de seguridad hemisférica, ha ratificado en distintas declaraciones su postura de que Maduro y su entorno representan una red criminal transnacional responsable de facilitar el tráfico de drogas y socavar la estabilidad regional. Esta narrativa ha sido recurrente en discursos oficiales y medidas ejecutivas del Ejecutivo norteamericano.
Aunque no se sabe con certeza que repercusiones puede acarrear esto dentro de la sustentación de las acusaciones contra Maduro, el contraste entre la postura jurídica del Departamento de Justicia y las designaciones políticas de otras agencias ha generado debates sobre coherencia interna de la política estadounidense y la sostenibilidad legal del caso.
