Al parecer, ahora técnicos, directivos y jugadores tendrán prohibido quejarse públicamente del arbitraje.
Por: Iván Peña Ropaín.
No pasaron muchas horas tras conocerse la noticia competente a la sanción con fechas de suspensión y económica impuesta por Dimayor al presidente del Independiente Medellín, Daniel Ossa, por quejarse del pésimo arbitraje en el fútbol profesional colombiano (FPC), para que se diera otra actuación similar en contra del DT del club de la Segunda División Boca Junior de Cali, Alejandro Guerrero, quien también se refirió a asuntos de corrupción en el balompié patrio.
En una rueda de prensa post-partido frente al Deportes Quindío la semana pasada, tal como lo hizo en su momento Daniel Ossa, el entrenador Guerrero advirtió que desde 2018 se vienen registrado amaños de partidos en el FPC. Esto dijo: “Hay situaciones que desafortunadamente se han presentado este semestre. Es el destapar todo. Ha llegado un comunicado a los directivos, de parte de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), manifestando que hay situaciones que se han presentado desde el año 2018. Se han amañado los partidos. Dentro de esa carta se entra a investigar al cuerpo directivo, el cuerpo técnico y los jugadores”, dijo el adiestrador luego de dicho compromiso ante los quindianos.
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Tales palabras le ameritaron como penalidad cinco semanas sin poder “ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol, así como deberá pagar una multa de 13.514.000 pesos”, explicando el máximo ente regulador del fútbol local el por qué de la determinación:
“Las declaraciones de Guerrero son nocivas para diversos actores del fútbol profesional colombiano, puesto que vulneran la imagen de los jugadores de su mismo club, los dirigentes del club, la FCF, la DIMAYOR y la integridad de la competencia en todo el sentido amplio que ello comprende”.
Como se recordará, horas previas a notificarse de esta actuación de Dimayor, al directivo del Poderoso de la Montaña le impusieron como correctivo cuatro meses de suspensión para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol y una multa económica de 34 millones de pesos.
