“Mientras la oferta criminal sea inmediata y la legal sea lenta, la delincuencia va a seguir llevándose a los jóvenes”.
En el Atlántico hablamos de los jóvenes en dos tiempos. El primero es el del discurso, cuando son el capítulo obligado de todo plan de desarrollo, y la foto que cierra cualquier tarima. El segundo es el de la página judicial, cuando aparecen con nombre y edad, porque los capturaron o desafortunadamente, los mataron. Entre un tiempo y el otro, transcurre la vida real de miles de muchachos de los que casi nunca hablamos, y es ahí, en ese tramo que nadie mira, donde está la explicación de buena parte de lo que hoy nos duele.
El informe Panorama de la Juventud en Barranquilla 2026, presentado el 28 de agosto por Goyn Barranquilla y NuestraBarranquilla en asocio con la Fundación Corona, la Universidad del Norte, la Simón Bolívar y Fundesarrollo, encontró que el 35,6 % de los jóvenes de la ciudad no estudia, no trabaja o trabaja en la informalidad. En Bogotá, para tener una referencia, esa misma proporción es del 29,7 %. Aquí son cerca de 175.000 muchachos, y vale la pena ver cómo se reparten, porque la mayoría no está quieta: 90.370 se rebuscan el día en el mototaxi, el domicilio, la peluquería o el puesto de la esquina, sin contrato, sin salud y sin pensión; otros 42.945 dedican la jornada entera a buscar empleo, que para ellos ya es una ocupación en sí misma. Entre los 18 y los 23 años, casi tres de cada diez de los que salen a buscar, no encuentran nada.
Creer que la falta de oportunidades pertenece a las páginas de economía, y los homicidios a las de judiciales es ignorar cómo opera el reclutamiento. Solo en julio el departamento contó 105 muertes violentas, y en el área metropolitana 22 de las víctimas apenas tenían entre 16 y 26 años. Casi nueve de cada diez cayeron bajo la modalidad de sicariato, mientras más de un centenar de menores ya están atrapados en dinámicas criminales. Las bandas van por ellos con un cálculo tan frío, como certero: son mano de obra barata, descartable y con penas más bajas. A un muchacho sin cupo para estudiar, sin empleo y sin nadie que lo espere en casa, la calle le ofrece en una tarde lo que nadie le garantizó en quince años: plata en el bolsillo, un lugar al que pertenecer y respeto en su propia cuadra. El costo de esa trampa es desgarrador: esta misma semana tres familias lloran a sus adolescentes de 17, 16 y 14 años en Malambo, Soledad y Barranquilla.
Mientras la oferta criminal sea inmediata y la legal sea lenta, la delincuencia va a seguir ganando. La respuesta, entonces, no puede ser solo policial, y acortar esa distancia depende de decisiones que están al alcance del departamento y de los municipios. Se puede conectar la educación media con los oficios que aquí sí generan ingreso, que son los del Puerto, la logística, el turismo, la construcción, la energía y los servicios digitales. Se puede premiar con algo tangible, como acompañamiento técnico o puntaje en procesos de contratación, a la empresa que formalice a un joven en su primer empleo. Se puede dotar a los consejos municipales de juventud de presupuesto propio y de voz en las decisiones, más allá de la foto del día de la posesión. Y se puede construir una ruta real para el adolescente que sale del sistema penal, porque hoy vuelve al mismo barrio, a la misma banda, y donde el mismo personaje siniestro que lo reclutó.
Las políticas de juventud se siguen diseñando en escritorios donde no hay un solo joven sentado, con ideas prestadas sobre lo que quieren estudiar, cómo quieren trabajar y qué entienden por progresar. Los 175.000 muchachos del informe son la fuerza de trabajo, la creatividad y el liderazgo del Atlántico de los próximos veinte años, y son la única reserva de transformación que este departamento tiene todavía sin estrenar. Dejar de hablar de ellos, para empezar a hablar con ellos es el primer paso, y de lejos el más barato de cualquier política seria de seguridad y de desarrollo.
