En audiencia pública celebrada en la Inspección Novena de Policía Urbana de Barranquilla, comparecieron la administradora, los inquilinos y el propietario del inmueble del Edificio La Ría donde se celebró una nutrida fiesta que desencadenó en la agresión a la médico pediatra Dalila Peñaranda y a su asistente doméstica.
Ante el presunto comportamiento contrario a la convivencia ciudadana, ocurrido la noche del viernes 4 de septiembre, comparecieron al despacho del Inspector Augusto Amaya Lázaro: Gleny Rosa Barranco Vargas, administradora de la propiedad horizontal La Ría, Martín Samir Caro Parra, Fanny Paola Franco Pérez, inquilinos, y Omar de Jesús De La Hoz Rocha, propietario del inmueble en litigio.
La administradora argumentó: “fui a la instancia de querella policiva ya que hubo unos constantes llamados de atención a los tenedores del apartamento 1002 con visitas y presencia de la Policía Nacional.
Se involucró hasta el comité de convivencia de toda esta situación, los citados fueron notificados de todos los llamados de atención y no se obtuvo ninguna respuesta positiva por parte del señor Martín Parra y Fanny Franco.
Todos esos llamados de atención con el fin de evitar lo que finalmente sucedió el 4 de septiembre de 2020″, añadió.
Por su parte, Martín Parra y Fanny Franco, inquilinos y organizadores de la fiesta, expresaron: “en 2 ocasiones fue que me notificaron de los llamados de atención por parte de la administración. No podemos ser responsables de lo que pasó en los pasillos, no tenemos multa por parte de la Administración en 15 meses de residir en el edificio La Ría.
Los señores de la Administración y vigilantes estaban avisados de esa fiesta, dimos $500.000 para que la administradora y el vigilante se hicieron los de la vista gorda. En todas las actividades realizadas en el apartamento dábamos dinero para que nos permitieran las actividades”.
Acto seguido, la administradora Gleny Barranco solicitó la palabra: “desconozco lo manifestado por la señora Fanny Franco, nunca he recibido dinero, tampoco tengo conocimiento que la parte administrativa del edificio La Ría obtuviera dinero de parte de los residentes del apartamento 1002, torre 1.
Seguidamente, se le concedió la palabra a Omar De La Hoz, propietario del inmueble: “antes de los hechos, les había comentado que iba a vender el apartamento, los inquilinos manifestaron que les diera un tiempo para buscar un apartamento, pero ahora con lo sucedido, ellos manifestaron que se iban a mudar del edificio La Ría”.
En el acta reposa que “el despacho observa que hubo una omisión por parte de la Administración del edificio La Ría ya que los comportamientos contrarios a la convivencia del copropietario vienen desde el año 2019, el comité conciliador del edificio La Ría debió levantar las actas respectivas donde conste los actos administrativos tomados por el comité, el reiterado incumplimiento de la ley de propiedad horizontal por parte del señor Martín Caro Parra y Fanny Franco Pérez, y tomar todos los correctivos pertinentes por parte de la Administración y el cuerpo de vigilancia del edificio La Ría.
Después de haber escuchado a los intervinientes, el suscrito Inspector insta a las partes a que lleguen a un acuerdo a fin de darle solución a la litis que los afecta.
Primero: el señor Martín Caro Parra solicita un término de 30 días para mudarse del edificio La Ría, terminados el 10 de octubre de 2020, a lo que manifiesta el señor Omar De La Hoz Rocha que esta de acuerdo con el plazo solicitado.
Segundo: se ordena el cambio de la empresa de vigilancia del edificio La Ría.
Tercero: el despacho concederá medida de protección a favor de Dalila Peñaranda y su empleada, Carmen Pérez.
Cuarto: el señor Inspector aprueba lo pactado entre las partes manifestándoles que “lo aquí pactado es de estricto cumplimiento en los términos señalados”.
Ante las graves acusaciones de Martín Caro Parra sobre ofrecimiento de dinero a la Administración y a los vigilantes para que se le permitiera realizar sus fiestas, Gleny Barranco, administradora de La Ría, fue consultada por Impacto News y esto respondió:
“Desconozco la veracidad de la ocurrencia de esos hechos y así deje constancia en el acta, igualmente aclaro que la Administración no ha recibido dineros de parte del señor Caro Parra y tampoco me consta que el vigilante haya recibido dinero. Sin embargo, de manera inmediata efectúe las notificaciones y solicitud de la investigación pertinente a la empresa de vigilancia a fin de que se hagan los respectivos descargos a su trabajador”.