Fueron capturadas 31 personas, entre ellas, funcionarios de la Registraduría y la Cancillería. La red operaba desde Barranquilla.
Una rigurosa investigación hecha por la Fiscalía General de la Nación y que se efectuó mediante la operación Europe Express, permitió la desmantelación de un grupo de delincuencia organizado (GDO) dedicado a ofrecer y suministrar, desde Barranquilla, servicios ilegales para la obtención de documentos de identidad colombianos fraudulentos a migrantes de República Dominicana y Venezuela.
La operación judicial, liderada por un fiscal de casos priorizados de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, logró la materialización y legalización de la captura de 31 personas. Asimismo, contó con el decisivo apoyo y trabajo articulado de la Dijín de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Seguridad Diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.
Indicó el ente investigador que las capturas se llevaron a cabo en Bogotá y distintas ciudades y municipios de los departamentos del Atlántico, Amazonas, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cesar, La Guajira y Sucre, desde donde presuntamente contribuían de manera coordinada en las actividades de la organización ilegal dedicada al trámite y suministro de registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes fraudulentos.
Con base en la información obtenida a través de las investigaciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha anulado 344 cédulas falsas que habrían sido entregadas por el grupo delincuencial, principalmente, a migrantes dominicanos y venezolanos. De igual manera se constató la expedición irregular de 304 pasaportes.
“La red cobraba entre 2.000 y 4.500 dólares americanos por suministrar documentos falsos a migrantes, quienes con esas aparentes identidades colombianas viajaban a México o Guatemala para cruzar, por vía terrestre, a Estados Unidos. Algunos de ellos se dirigían a países europeos para quedarse allí o buscar por esa ruta ingresar a Norteamérica”, explicó el fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Gabriel Sandoval Vargas.
El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que teniendo de base esta información y las investigaciones, se encuentran en el trabajo de “cancelar más de 840 cédulas de ciudadanía obtenidas por falsa identidad, además de 180 registró civiles conseguido de forma fraudulenta”.
Según lo expuesto, el grupo delincuencial estaría activo desde 2021, y tendría dos cabecillas, uno de ellos de nacionalidad dominicana y una mujer colombiana, quienes tenían a su disposición un número considerable de captadores, colaboradores, tramitadores y algunos familiares.
11 de los 31 capturados, al parecer, se encargarían de buscar a los migrantes para ofrecer, tramitar y obtener documentos adulterados. Además, exservidores públicos y funcionarios activos de la Registraduría y de la Cancillería de Colombia también participaban del ilícito.
“Esta estructura era integrada por tres empleados y 6 exfuncionarios de la Registraduría, los cuales estarían a cargo de ubicar registros civiles de personas no ceduladas para suplantarlas; mientras que tres empleados y cinco extrabajadores de la Cancillería se encargarían de formalizar en pasaportes las falsas identidades. Con esa documentación fraudulenta, que les daba apariencia de ciudadanos colombianos, los migrantes viajaban con facilidad por distintos países”, señaló el coronel Edwin Urrego Pedraza, director de la Dijín.
Ante jueces de control de garantías y de acuerdo con la individualización de los presuntos roles que ocuparon en la organización delincuencial (cabecillas, captadores/tramitadores, colaboradores o servidores públicos), la Fiscalía General de la Nación manifestó que les imputará cargos por conductas relacionadas con delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito. Además, solicitará contra las 31 personas capturadas medida de aseguramiento privativa de la libertad.
