La iniciativa había recibido duros cuestionamientos de diferentes sectores como el empresarial, el fiscal y la procuradora.
Cinco de las facultades extraordinarias que el presidente Gustavo Petro pretendía le fueran concedidas en el texto del Plan Nacional de Gobierno, le fueron negadas por parte del Congreso durante el primer debate a la iniciativa.
Regular usos alternativos de la hoja de coca, replantear la estructura y funciones de entidades públicas y fondos de dineros públicos, fueron dos de las facultades que le fueron negadas al ejecutivo. Este último artículo fue modificado y dividido en siete diferentes, y de ellos solo tres pasaron.
Pero además fue denegada la posibilidad de que el presidente pudiera fundar un conglomerado con las electrificadoras públicas y la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital así como la posibilidad de que Petro pudiera definir las condiciones de reclusión de la población indígena y reorganizar algunos fondos estatales.
En lo que muchos consideran un fuerte revés para el mandatario colombiano, solo fueron aprobadas: la creación de caminos vecinales, la reorganización del Grupo Bicentenario y el establecimiento de una entidad que lidere la política forestal en Colombia.
El proyecto ha resultado polémico tras recibir fuertes cuestionamientos de sectores de la producción así como de la procuradora Margarita Cabello y el fiscal Francisco Barbosa.
Justamente una de las críticas que hicieras la jefe de Ministerio Público estarían relacionadas con la facultad para que el presidente celebrara contratos directamente “y a dedo”, con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro.
