La Defensoría del Pueblo solicitó a la fuerza pública reforzar la planeación y evaluación de las operaciones militares.
Este martes 11 de agosto, la Defensoría del Pueblo advirtió que ha tenido conocimiento, a través de autoridades y medios de comunicación locales, de un bombardeo registrado en la noche del lunes 10 de agosto en jurisdicción de la vereda El Sinaí, municipio de San Calixto, en límites con El Tarra, Norte de Santander.
“De manera preliminar, conocimos que autoridades de San Calixto y El Tarra se han desplazado hacia la zona para verificar posibles afectaciones a la población civil. Entre ellas se encuentran tres personas civiles campesinas, incluida una mujer de 44 años, que resultaron heridas producto del bombardeo llevado a cabo durante la madrugada de hoy, a quienes nuestros equipos en territorio están acompañando”, indicó la institución.
Asimismo, estos hechos habrían generado desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal de El Tarra.
“Nuestros equipos en territorio se están movilizando para apoyar las labores de articulación institucional y verificación de la situación, en coordinación con las personerías municipales para hacer seguimiento a las necesidades de protección y atención de las comunidades afectadas”, añadió la Defensoría en un comunicado.
Ante esta situación, la Defensoría instó a las autoridades municipales y departamentales a disponer oportunamente de los recursos y mecanismos necesarios para garantizar la atención humanitaria de emergencia de las personas que hayan resultado afectadas o se vean obligadas a desplazarse:
“Continuaremos verificando la situación en terreno y acompañando la respuesta institucional para contribuir a la garantía de los derechos de las comunidades afectadas. Solicitamos a la fuerza pública reforzar la planeación y evaluación de las operaciones militares a la luz de los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad del derecho internacional humanitario en las operaciones militares para prevenir afectaciones a la población civil”.
Para la institución del Estado colombiano, responsable de impulsar los derechos humanos, “este hecho evidencia nuevamente los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna”.
