En contra parte, el funcionario presentó un certificado de antecedentes que da cuenta que no tiene inhabilidades.
La adjudicación del millonario contrato de pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons por el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, ha causado mucha polémica, sobre todo en el plano interno del Gobierno nacional en el que han salido todo tipo de disputas y se han lanzado dardos entre funcionarios.
Y es que el pasado miércoles, Salazar afirmó que el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, está inhabilitado para ejercer el cargo por una condena por peculado, esto luego de que este asegurara que él no poseía competencias para radicar la decisión que tomó.
“El ministro encargado, Luis Gilberto Murillo, no es abogado, él es ingeniero de minas. Está inhabilitado para el ejercicio del cargo público, porque, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Nacional, el artículo quinto dispone que el funcionario público que ha sido condenado por delitos contra el patrimonio público, queda inhabilitado para ejercer cargos públicos”, dijo Salazar.
Tomando parte en esta situación, inmediatamente el senador Jonatan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde, radicó una demanda ante el Consejo de Estado en la que pide que se declare la nulidad de la designación en calidad de encargo, hecha por el presidente Gustavo Petro tras la suspensión del canciller titular, Álvaro Leyva.
“Y que previos los trámites procesales se declare la nulidad del acto administrativo de encargo, Decreto 0150 del 8 de febrero de 2024, expedido por el Presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, por medio del cual se encargó al señor Luis Gilberto Murillo Urrutia de las funciones del empleo de Ministro de Relaciones Exteriores, por el término de tres (3) meses”, señala un aparte de la demanda hecha por el congresista.
Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores (e) sabiendo que esto iba a generar este tipo de acciones, con documento en mano se defendió de los señalamientos hechos por José Antonio Salazar y expidió un certificado de antecedentes de la Procuraduría este 28 de febrero en la que consta que no cuenta con sanciones vigentes, ni pendientes con la Justicia, así como inhabilidades vigentes.
Informe: Luis Ángel Terán
