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Demandan decreto presidencial en el que se declaró día cívico este 19 de abril

El accionante argumenta que que solo el Congreso de la República puede crear días festivos en Colombia.

El abogado Germán Calderón España demandó ante el Consejo de Estado el decreto emitido por el presidente Gustavo Petro en el que se declaró este viernes 19 de abril como día cívico en todo el territorio nacional, con la intención y finalidad de ahorrar y cuidar el agua.

De acuerdo con los argumentos presentados por el demandante, para que sea declarado un día cívico o religioso conmemorado a nivel nacional, primero debe “surtirse un debate en el Congreso de la República” en donde se reglamenten los efectos del mismo.

“Ni el presidente de la República, ni sus ministros, pueden crear un día festivo de carácter civil o religioso en Colombia, máxime cuando existe la Ley 51 de 1983, la cual podrá ser modificada solamente a través de una ley del Congreso de la República”, agrega uno de los apartes de la demanda.

Ante esto, Calderón España solicitó al Consejo de Estado que decrete medidas cautelares para que se suspenda de manera provisional el acto administrativo mientras ese tribunal avanza en la discusión para tomar una decisión de fondo. 

“En un Estado de Derecho no pueden existir competencias implícitas, por analogía o por extensión, porque ello permitiría que la autoridad pública se atribuya competencias según su voluntad y capricho, trazándose los límites de su propia actividad, invadiendo la órbita de actuación de las otras autoridades, abusando del poder y cercenando los derechos y libertades públicas”, añade el documento radicado por el accionante.

Finalmente, agrega el jurista que el decreto del día cívico no instituye una conmemoración de carácter genérico, sino que “realmente está declarando como un día festivo el tercer viernes de cada abril, en adelante, por adoptarse sin la competencia para ello”.

Vale mencionar que el decreto presidencial exime de adoptar la medida o no a las empresas privadas, y solo vincula de manera obligatoria a atender el requerimiento a las instituciones del orden nacional.

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