La entidad expone que existen precarias condiciones en el servicio de salud y en la alimentación de los internos.
Una serie de falencias estructurales, de salud y de servicios evidenció la Defensoría del Pueblo en una visita que realizó al interior del Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad de Sincelejo, lo cual vulnera los mínimos asegurables constitucionales a los que tiene derecho la población privada de la libertad.
Aunque el establecimiento no presenta hacinamiento y continúa recibiendo personas privadas de la libertad provenientes de los Centros de Traslado por Protección, se constató una preocupante situación en la garantía del derecho a la salud.
Las personas privadas de la libertad denunciaron la existencia de numerosas citas médicas represadas, debido a que el Fondo de Atención en Salud no cuenta con un contrato vigente que permita la prestación oportuna del servicio. Esta situación ha obligado a los internos a interponer acciones de tutela como mecanismo para acceder a atención médica básica.
La precariedad también se evidencia en el área de sanidad, donde solo un médico atiende a toda la población carcelaria, generando una congestión que afecta gravemente la calidad y oportunidad de la atención.
Asimismo, servidoras y servidores de la Regional Sucre detectaron múltiples falencias en la infraestructura física del centro penitenciario: humedad excesiva, deterioro generalizado en los patios, áreas de cocina inadecuadas, cuartos de refrigeración fuera de servicio, zonas para el manejo de alimentos en mal estado y utensilios de cocina deteriorados o inservibles. A esto se suma la ausencia de fiambreras para la distribución de los alimentos, lo cual impacta negativamente en la salubridad y dignidad del proceso de alimentación de los internos.
Las condiciones laborales tanto del personal como de la población privada de la libertad y de quienes trabajan en el área de cocina también son deficientes. Las instalaciones no cuentan con ventilación adecuada, lo que genera acumulación de vapores y olores, afectando el ambiente y la salud.
El informe añade que aunque los servicios de agua y energía eléctrica son relativamente constantes, se presentan fallas ocasionales en el suministro eléctrico, lo que interfiere con el funcionamiento del sistema de internet y, por ende, con el acceso a algunos derechos y servicios fundamentales.
“La Defensoría lamenta además que los municipios del departamento aún no hayan celebrado los convenios interadministrativos requeridos para garantizar el acceso de las personas privadas de la libertad a bienes y servicios básicos, incumpliendo así lo establecido en la Sentencia SU-122 de 2022 proferida por la Corte Constitucional, lo cual agrava aún más la situación”, manifestó la entidad.
En virtud de lo anterior, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado respetuoso pero firme a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para que adopte de manera inmediata medidas expeditas, eficientes y sostenibles, que permitan mitigar en el corto plazo estas problemáticas, y planteen soluciones de fondo a largo plazo. Todo ello con el objetivo de garantizar el respeto y la protección integral de los derechos humanos de la población carcelaria.
