La acusación obedece a las presuntas irregularidades que se presentaron en medio del interrogatorio que rindió Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del jefe de Estado.
El abogado penalista Mauricio Pava, defensor del presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó en las últimas horas para la emisora W Radio que presentará una queja contra el fiscal Mario Burgos, por las presuntas irregularidades que se presentaron en medio del interrogatorio que rindió Nicolás Petro ante el ente acusador.
Alega el penalista que la decisión se da luego de las filtraciones públicas del interrogatorio hecho al hijo del presidente, donde se logra escuchar a quien sería el fiscal Burgos preguntando de manera insistente por el presidente de la República y la supuesta financiación con dineros irregulares de su campaña presidencial en la región Caribe.
Cabe recordar que en los últimos días Nicolás Petro confirió poder a sus defensores para denunciar a la Fiscalía General de la Nación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que durante las diligencias de interrogatorio y las audiencias preliminares se le vulneraron sus derechos.
Asentándoselo en esto, Mauricio Pava recalcó que en ese marco pedirá que el fiscal Burgos sea investigado disciplinariamente por la posible extralimitación de sus funciones durante los procesos investigativos que adelanto como delegado del ente acusador contra el hijo del presidente de la República.
Es válido precisar que hace recientes días y tras divulgarse a través de la Revista Semana el interrogatorio que hizo la Fiscalía a Nicolás Petro, su padre, el presidente Gustavo Petro expresó:
“De manera aberrante una revista publica el interrogatorio de mi hijo, cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados. Y de manera mas aberrante aún, en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir que no está cobijado por la ley electoral de campañas”.
Lo cierto es que la relación entre el ente acusador y el Gobierno Nacional no anda muy bien, sin embargo, todo esto s inmiscuye en medio de los procesos investigativos y judiciales que se forja dentro de la institucionalidad.
