Además, el Grupo Anticontrabando del Atlántico decomisó 575 cajetillas de cigarrillos.
La Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Atlántico, a través del Grupo Operativo Anticontrabando de la Subsecretaría de Rentas, decomisó 104 cajas de licor adulterado que incluían 1.678 unidades de las marcas Cocoanís, en presentaciones de botella y tetrapack, y el aperitivo Quillero; adicionalmente, se encontraron 575 cajetillas de cigarrillos de contrabando de las marcas Carnival, Rumba, Silver y Gold Deer.
El operativo se realizó en la calle 28 con carrera 40, sector El Boliche en el mercado público de Barranquilla y contó con el apoyo de la Federación Nacional de Departamentos y la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar).
“Con este hallazgo, en uno de los graneros autorizados para la venta de productos sujetos al impuesto al consumo, el Grupo Operativo Anticontrabando suma un golpe más a los ilegales que pretenden la comercialización de licor en condiciones no aptas para el consumo humano y sin cumplir las normas de estampillado y pago de impuestos”, indicó la administración departamental.
El establecimiento comercial “Granero la Gran Vía” fue sellado una vez se evidenció que en sus bodegas almacenaban los productos para la venta. Se estima que el valor comercial incautado era de $14 millones aproximadamente.
Entre enero y agosto de 2024, la Subsecretaría de Rentas del Atlántico ha reportado el decomiso de 4.297 productos como resultado de 2.811 visitas de control y aprehensión en 20 municipios del departamento. Se estima que el valor comercial de los operativos de alto impacto y productos incautados suman $376 millones.
De acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos, FND, el 45 % de las rentas que provienen del comercio de licores y cigarrillos es afectado por las actividades de contrabando y evasión de impuestos, lo cual repercute de manera negativa en los recursos para respaldar la ejecución de programas sociales dirigidos a la salud y la educación.
El sondeo sobre la incidencia de cigarrillos ilegales en Colombia (2023) señala que el índice de ilegalidad llega a 34 %. Para el caso del Atlántico, se estima una pérdida de recaudo por $43.000 millones.
