El presidente de la República ordenó controles rigurosos y esclarecer el destino de armas que estarían faltando en algunas de estas empresas.
“¡La seguridad privada no puede servir de fachada al crimen!”, esta fue la frase central del presidente Abelardo de la Espriella tras anunciar que ha ordenado hacer estricto seguimiento a estas compañías de vigilancia que tendrían presuntas conexiones con estructuras criminales.
El jefe de Estado señaló que esa fue la orden directa que le dio al superientendente de Vigilancia, Wilson Caballero: “perseguir las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse”.
“La Supervigilancia avanza contra empresas investigadas por conexiones con Los Costeños, el Clan Vega Daza e irregularidades en el control de armas”, explicó el mandatario.
Entre las empresas de seguridad mencionadas por De la Espriella se encuentran Maximus, la cual tiene la licencia cancelada; Blink, Lost Prevention y Atenas, contra las cuales se han adoptado decisiones de cancelaciones pendientes de quedar en firme. En el caso de OL Security Group–Servisecurity, precisó que permanece suspendida y su cancelación está en trámite.
“¡Exijo controles rigurosos y esclarecer el destino de las armas faltantes! Quien tenga responsabilidades deberá responder ante la justicia, sea quien sea”,
Finalmente, afirmó que los controles se harán rigurosamente en cada departamento donde haya sedes de empresas de seguridad para, según él, acabar con las fachadas de los delincuentes. “¡Voy por todos!”, concluyó.
A mediados del mes de abril de este año, la Superintendencia de Vigilancia del Gobierno de Gustavo Petro había anunciado la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas presuntamente infiltradas por estructuras criminales, varias de ellas ubicadas en Barranquilla y otras ciudades del Caribe.
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