Son siete los exrepresentantes del grupo armado ilegal que hacían parte de los diálogos con el anterior Gobierno.
La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra siete exmiembros representantes de Comuneros del Sur, luego de que el Gobierno nacional diera por terminada la mesa de diálogo con esta organización armada ilegal. La decisión marca un nuevo giro frente a los integrantes que habían recibido beneficios judiciales durante los acercamientos con el Estado.
La medida fue adoptada por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, mediante la Resolución No. 0-0273 del 7 de septiembre de 2026. Con esta decisión, vuelven a tener plena vigencia las órdenes de captura que habían sido suspendidas mientras avanzaban los procesos de diálogo, negociación y otros espacios sociopolíticos con el grupo.
El cambio se produjo pocos días después de que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella expidiera la Resolución 365 del 3 de septiembre de 2026, mediante la cual dio por terminada la mesa de diálogo con Comuneros del Sur y revocó la designación de los integrantes que actuaban como representantes de la organización.
Entre las personas contra quienes fueron reactivadas las órdenes de captura se encuentran Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias Chuki; Gabriel Yepes Mejía, alias HH; y Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias Taliana. También figuran Santo Eligio García Natascuas, alias Santos; Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias Lalo; Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Cantizuz.
La decisión de la Fiscalía también cobija a quienes habían quedado bajo la suspensión de las actuaciones judiciales como consecuencia de los espacios de diálogo establecidos con el Gobierno. Ahora, con el cierre de esa mesa y la pérdida de la condición de representantes, las autoridades retomaron las acciones judiciales correspondientes.
Sin embargo, la resolución aclara que no todas las personas incluidas en las solicitudes de la Presidencia tendrán nuevamente órdenes de captura activas. Según el documento, en algunos casos las órdenes ya estaban vigentes, mientras que en otros nunca habían sido suspendidas, por lo que no era necesario reactivarlas.
La decisión fue comunicada a las autoridades de Policía Judicial, que deberán proceder conforme a sus competencias. Así, el fin de la mesa de diálogo con Comuneros del Sur empieza a tener consecuencias concretas en materia judicial y vuelve a poner a sus antiguos representantes bajo el alcance de las órdenes de captura.
