“Rechazamos las expresiones que ponen en riesgo la autonomía judicial y la confianza ciudadana”, señaló el alto tribunal.
Tal como lo había pedido en las últimas horas el presidente Gustavo Petro, a raíz de las intenciones injerencistas de Estados Unidos y algunos congresistas nacionales tras el fallo judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, la Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento en el que rechazan los cuestionamientos y fijan una postura de respaldo a las decisiones adoptadas por quienes imparten justicia.
Recalcaron que el Estado colombiano se ha caracterizado por una tradición de consideración y respeto a la autonomía y la independencia judicial como pilares del sistema jurídico-político. También destacaron que eso ha contribuido a que el país cuente con un sistema sólido y fuerte ante las presiones ajenas. “Estos pilares deben continuar siendo protegidos, pues profundizan la legitimidad de la Rama Judicial y fortalecen la democracia”, señaló el organismo.
“Dada la relevancia y el interés de los asuntos que están siendo objeto de resolución por parte de autoridades judiciales en el país, la Corte Suprema de Justicia manifiesta su firme rechazo a las injerencias indebidas y a las expresiones de voces que sugieren que las decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico”, puntualizó el alto tribunal.
La Corte considera que ese tipo de afirmaciones no solo erosionan la credibilidad y la confianza pública en la justicia, sino que pueden poner en riesgo la vida y la integridad de los jueces y magistrados encargados de resolver los casos.
En consecuencia, subrayaron que los sujetos procesales siempre pueden expresar sus desacuerdos a través de las vías y dispositivos que ofrece el derecho para controvertir el contenido y el alcance de los fallos contrarios a los intereses de los involucrados.
“la Corte Suprema de Justicia hace un firme llamado a los diferentes líderes políticos y de opinión, y a la sociedad en general a ponderar sus expresiones, y a las partes a las que conciernen directamente los procesos, a manifestar sus desacuerdos en el marco del debido proceso garantizando el respeto por la autonomía y la independencia judicial”, remató el comunicado.
