El exparlamentario del Centro Democrático se encuentra privado de su libertad desde diciembre de 2022 en la cárcel La Picota, de Bogotá.
Este 2 de mayo se dio a conocer una decisión sorpresiva tomada por la Corte Suprema de Justicia con relación al proceso investigativo y judicial que enfrenta el exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez, pues ordenaron su libertad inmediata.
Ramírez fue capturado en diciembre del 2023 por su presunta implicación en el escándalo de corrupción conocido como ‘Las Marionetas’ y desde entonces permanece privado de la libertad en calidad de indiciado en la cárcel La Picota, en la ciudad de Bogotá.
El exparlamentario es señalado por la Fiscalía de utilizar su cargo para desviar contratos en diferentes entidades y por tanto compulsó copias al alto tribunal, que abrió una investigación en su contra por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho, e interés indebido en la celebración de contratos.
En un documento revelado por la revista Semana, se señala que la orden es expedita por la Sala de Primera Instancia de la magistratura, que aclaró que la libertad “se hará efectiva siempre y cuando Ramírez no tenga vigente ningún otro requerimiento judicial”.
El escándalo de ‘Las Marionetas’ en el que se vincula a Ciro Ramírez
Todo este proceso judicial inició el 24 de octubre del 2023, luego de que la Fiscalía General de la Nación compulsará copias a la Corte Suprema para investigar a Ramírez, esto después de imputar cargos a Katherine Rivera Bohórquez, enlace del entonces senador, entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta Quindío.
Las investigaciones realizadas por el Alto Tribunal dilucidaban que Ramírez habría celebrado contratos interadministrativos suscritos en el año 2021 entre la entidad y la empresa Proyecta, la cual seleccionaba contratistas e interventores en quince contratos, once de ellos adjudicados a Anderson González González y a sus empresas en Tolima.
A lo anterior se sumaría dentro de las pruebas enviadas por el ente acusador, la declaración de Pablo César Herrera Correa, exgerente de la empresa Proyecto Quindío, que tras ser capturado el 29 de julio de 2022, decidió colaborar con la justicia y salpicó al hoy indagado.
Herrera confesó que direccionó dos contratos interadministrativos al Departamento de Prosperidad Social (DPS) en agosto y noviembre de 2021, por valores de 49.460 y 22.173 millones de pesos en Tolima y Quindío respectivamente, en los cuales habría destinado coimas de 1.000 millones de pesos al senador Ramírez por la adjudicación del contrato, quien además, supuestamente exigía entre el 10% y 15% de ganancias.
