El alto tribunal acusa al exsenador barranquillero por los cargos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió este jueves acusar al exsenador Arturo Char Chaljub por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados, en el marco de una investigación por irregularidades en las elecciones legislativas de 2018. La decisión, que lo llama a juicio, se basa en pruebas que vinculan al político con una presunta red de compra de votos en el departamento del Atlántico.
Los hechos investigados datan de octubre de 2017, cuando, según la Corte, Arturo Char habría participado en un esquema delictivo que iba más allá de un simple convenio político. El objetivo era, de acuerdo con las investigaciones, asegurar la elección de Aida Merlano Rebolledo al Senado, Lilibeth Llinás Delgado a la Cámara de Representantes y la reelección del propio Char al Senado.
Para conseguirlo, se habrían desviado recursos públicos y se habría organizado una estructura jerarquizada que pagaba a líderes barriales y votantes a cambio de sufragios, operando desde la sede política “Casa Blanca”.
La Corte Suprema, en su providencia, enfatizó que las pruebas recaudadas hasta el momento “proveen el estándar mínimo para sustentar de manera adecuada la razonabilidad” de la acusación. Esta incluye testimonios, interceptaciones y evidencias que apuntan a un “acuerdo delictivo” en el que Char habría encabezado la asociación criminal, entregando dinero directamente para influir en el voto. Aida Merlano, ya condenada en primera y segunda instancia por la Corte por estos mismos hechos de corrupción electoral, ha sido un testigo clave en el proceso, señalando la responsabilidad del exsenador.
El caso remonta a una investigación iniciada en 2022, impulsada por denuncias de Merlano tras su fuga y recaptura. En septiembre de 2023, el alto tribunal dictó orden de captura internacional contra Char, quien residía en Estados Unidos –país del que también tiene nacionalidad–, y emitió una circular roja a Interpol. El exsenador se presentó voluntariamente en noviembre de ese año y fue recluido en un cantón militar, sin embargo, luego le concedieron libertad condicional.
La decisión de acusación es recurrible ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, lo que abre la puerta a posibles apelaciones por parte de la defensa del exsenador.
