La Sala consideró que no se afectó el derecho a la defensa y que los hechos jurídicamente relevantes, se limitaron a la publicación que hizo el investigado en sus redes sociales.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, dejando en firme el proceso penal en su contra por el delito de hostigamiento agravado. El caso, que ha generado polémica por sus implicaciones en la libertad de expresión y el debate político, se origina en publicaciones en redes sociales donde el congresista incitó presuntamente a la violencia contra exmiembros de la desmovilizada guerrilla del M-19 y el presidente Gustavo Petro.
El fallo de la Corte, emitido el 19 de noviembre, confirma la decisión de la Sala de Primera Instancia del pasado 6 de octubre, que había mantenido el juicio pese a las alegaciones de irregularidades procesales. Según el alto tribunal, no se vulneró el debido proceso ni el derecho a la defensa del investigado, y las pruebas se limitan estrictamente a las publicaciones en plataformas digitales, sin agregar hechos nuevos al expediente.
El proceso se inició formalmente el 6 de febrero de 2024, cuando Polo Polo fue acusado como presunto autor del delito de hostigamiento agravado, tipificado en el Código Penal por el uso de un medio de difusión masiva en calidad de servidor público. La denuncia fue presentada el 16 de noviembre de 2023, tras la viralización de un video compartido por el representante liberal en su cuenta de X (antes Twitter), donde se le ve quemando una bandera del M-19 acompañada del mensaje: “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”.
En otra publicación del mismo día, Polo Polo reposteó un video de la incineración de un muñeco con el rostro del presidente Petro y símbolos del M-19, invitando a “meterle candela”. Estas acciones, según la Fiscalía y la Corte, promueven e instigan daños discriminatorios por ideología política contra exguerrilleros desmovilizados y figuras del gobierno.
El representante a la Cámara ha enfrentado múltiples procesos judiciales este año por sus declaraciones en redes sociales, incluyendo retractaciones por injurias contra el senador Gustavo Bolívar y disculpas a víctimas de falsos positivos. En el actual caso, la Corte ordenó la práctica de nuevas pruebas, incluyendo la citación como testigos del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y la senadora María José Pizarro, todos vinculados al M-19 en su momento.
El juicio, que se desarrollará en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, podría extenderse varios meses y representa un precedente en el equilibrio entre el discurso político y los límites del hostigamiento en el contexto de la polarización colombiana. Analistas consultados destacan que el caso pone en el centro el debate sobre la inmunidad parlamentaria y la regulación de las redes sociales en un país con un pasado de conflicto armado.
