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General en retiro Rodolfo Palomino
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Corte Suprema condenaría al general en retiro Rodolfo Palomino por presunto tráfico de influencias

El exdirector general de la Policía Nacional fue acusado de intervenir indebidamente para frenar la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, quien estaba bajo investigación por lavado de activos, despojo de tierras y vínculos con paramilitares.

En menos de 48 horas, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dará a conocer su decisión sobre el proceso penal que enfrenta el general en retiro Rodolfo Bautista Palomino López. La audiencia final está programada para este 14 de agosto de 2025, a las 2:15 p. m.

En noviembre de 2020, la Fiscalía presentó cargos contra Palomino por tráfico de influencias. El exdirector general de la Policía Nacional (2013–2016) fue acusado de intervenir indebidamente para frenar la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, quien estaba bajo investigación por lavado de activos, despojo de tierras y vínculos con paramilitares.

Según la Fiscalía, Palomino visitó en febrero de 2014 el apartamento de la fiscal Sonia Lucero Velásquez e intentó persuadirla de suspender temporalmente un operativo de captura contra Gallo. Su intervención fue interpretada como abuso de funciones.

La fiscal Velásquez grabó la conversación, donde el exdirector le hace saber sobre una “propuesta” que espera “no sea calificada como indecente”, en referencia a la idea de suspender temporalmente la diligencia sin acto formal judicial.

Fue así como en marzo de 2023, la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó que el exgeneral debía seguir vinculado al proceso penal, al considerar que había mérito para continuar investigando su conducta.

El caso expone la tensión entre la institucionalidad (la Fiscalía) y el poder de la Policía Nacional, lo que pone en entredicho la independencia de la fuerza pública frente al sistema judicial. Además, una condena podría implicar prisión y dejaría profundas secuelas en la reputación del exfuncionario policial; en contraparte, una absolución, aunque requerida por la Procuraduría, podría generar críticas sobre impunidad y presiones externas en casos de alto perfil.

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