Al alto tribunal justificó que hubo un vicio de trámite al no presentarse el análisis de impacto fiscal de la creación de la cartera.
La Corte Constitucional tumbó la creación del Ministerio de la Igualdad impulsado tras encontrar que no hubo un análisis del impacto fiscal en el trámite del Congreso de la República y en consecuencia dejará de existir a partir del año 2026.
“Diferir los efectos de la presente decisión, por el término de dos (2) legislaturas, contadas a partir del 20 de julio 2024. Una vez culmine la legislatura 2025-2026, la Ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico”, precisa la decisión de la Corte.
En su sentencia, el alto tribunal tomó la decisión de que el ministerio continúe y solo desaparezca a partir del siguiente periodo presidencial que arranca en 2026, esto con el fin de no afectar todos los procesos administrativos que se han adelantado y, por ende, que podrían perjudicar la política pública que se ha diseñado.
“En criterio de la Sala Plena, esto causaría una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el legislador y el ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad”, sostiene la Corte Constitucional.
Teniendo en cuenta este tiempo otorgado por el alto tribunal, es criterio del Gobierno nacional redireccionar las funciones que se habían creado dentro del Ministerio de la Igualdad para “no afectar los derechos de los sujetos de especial protección constitucional que son beneficiarios de la política pública” de esta cartera.
Algunos exponentes del Gobierno se han pronunciado, como es el caso de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien expresó: “En uno de los países más desiguales del mundo, la Corte Constitucional decide tumbar el Ministerio de la Igualdad por un vicio de trámite y a pesar de haber sido parte del programa de gobierno que fue elegido democráticamente por los colombianos. Este fallo y el de La Guajira dejan una sensación de confusión y contradicción con lo que alguna vez fue la jurisprudencia constitucional”, subrayó.
Hasta el momento, ni el presidente Gustavo Petro ni la vicepresidenta Francia Márquez, quien además es la jefa de esta cartera, se han referido a la decisión de la Corte Constitucional.
