El alto tribunal argumentó que la revocatoria del decreto es inconstitucional.
Hace tres meses, exactamente el 2 de julio del año en curso, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, había firmado un decreto de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, sin embargo, en las últimas horas la Corte Constitucional decidió revocar esa medida tras calificarla de inconstitucional.
Con el Decreto 1085 de 2023, el Gobierno del presidente Petro planteaba una estrategia para combatir la crisis humanitaria que enfrenta el departamento por la falta de acceso a servicios básicos vitales. A través del mismo, esto le daría la posibilidad al presidente de la República de tener poderes extraordinarios, tales como promulgar decretos de ley sin necesidad de que pasaran por la aprobación del Congreso.
Ante tal efecto, el alto tribunal declaró que el decreto es inexequible, no obstante, decidió conceder efectos diferidos sobre el tema del acceso al agua potable para la población, en el término de un año, es decir, que este punto no se cae, sino que sigue vigente hasta el 2 de julio de 2024.
“Conceder efectos diferidos a esta decisión por el término de un año, contados a partir de la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”, se lee en el comunicado expedido.
Asimismo, en otro apartado del comunicado expedido por la Corte Constitucional, se exhorta al Gobierno Nacional y al Congreso de la República “para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira constatada en la Sentencia T-302 de 2017 y, con ello, se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país. Así mismo, para que fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden”.
Luego de conocer la decisión, desde el Gobierno sostuvieron que se someten y acogen con criterio la misma, añadiendo que lo expuesto en condición de efecto diferido es un avance importante para atender la situación de esa zona del país.
“La Corte ha reconocido la argumentación del Gobierno Nacional cuando dijimos que el fenómeno del La Niña unido al de El Niño pueden tener muy graves efectos en la alimentación y supervivencia de los niños en La Guajira. Nos dan un año para utilizar los instrumentos que hemos planteado en el decreto de emergencia y al cabo del año debemos tener listas las leyes que mantengan una acción continuada sobre La Guajira”, señaló el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
