El alto oficial retirado es acusado de haber ordenado la ejecución extrajudicial de 72 personas cuando estuvo al mando del Batallón La Popa, en Valledupar.
En el marco de la audiencia de alegatos finales del juicio adversarial transicional que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, el acusado ratificó que no acepta los cargos formulados en su contra por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2003.
Mejía reiteró su postura: “No acepto los cargos imputados por la JEP”, manteniéndose firme en su defensa y negando cualquier responsabilidad en los llamados “falsos positivos”, hechos por los que se le acusa de haber ordenado la ejecución extrajudicial de 72 personas durante su mando en el Batallón La Popa.
“Me quedan tres cosas: una, la verdad; dos, mi honor de soldado de Colombia; tres, mi dignidad de ciudadano y eso no es negociable. No acepto los cargos honorables magistrados”, señaló Mejía durante su intervención.
Esta audiencia es parte de la conclusión del primer juicio adversarial transicional de la JEP, iniciado en septiembre de 2024. Al no reconocer su responsabilidad, el proceso sigue su curso con las intervenciones de las víctimas —que han tenido voz activa en todo el juicio— y el cierre de alegatos de Fiscalía y defensa.
La UIA (Fiscalía de la JEP) mantiene su solicitud de 20 años de prisión, argumentando que Mejía diseñó y lideró una estructura criminal sistemática para presentar civiles como combatientes muertos en acción.
La diligencia, celebrada el 5 de agosto en Valledupar como parte del macrocaso 03, representó la última oportunidad para que el acusado aceptara su responsabilidad antes de la sentencia. En esta etapa, la Fiscalía y la defensa disponen de hasta dos horas cada una para exponer sus argumentos, y las víctimas tienen una hora y media para intervenir.
Este juicio es pionero en la implementación del modelo adversarial en la JEP, diseñado para los comparecientes que niegan su responsabilidad. Con más de 10 sesiones, se escucharon 54 testimonios, se revisaron documentos y se incorporaron participaciones activas tanto de la Fiscalía como de las víctimas. Mejía, por su parte, declaró bajo juramento durante casi 30 horas y en la sesión 13 se acogió al derecho al silencio en gran parte del contrainterrogatorio.
La audiencia marca el cierre de una etapa crucial del juicio; la JEP ahora evaluará los alegatos de las partes y la participación de las víctimas para determinar si Publio Hernán Mejía debe ser sancionado. El rechazo de los cargos por parte del acusado mantiene intacta la fase adversarial del proceso, y su desenlace podría sentar precedente en la justicia transicional colombiana.
