El control interno de la empresa fue calificado como “ineficiente”.
La Contraloría General de la República realizó una Actuación Especial de Fiscalización, AEF, a la Triple A de Barranquilla tras la cual encontró 7 presuntos hallazgos disciplinarios y 3 de posible carácter fiscal por $119.792.623.
Javier Reyes Bustamante, contralor delegado para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico informó al respecto: “Debilidades en la supervisión y ejecución de los contratos y algunas veces falta de gestión contractual, los resultados fueron los siguientes: nueve hallazgos administrativos, siete hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, tres hallazgos con presunta incidencia fiscal alrededor de los $1.400 millones”.
Específicamente, algunas de las deficiencias serían debilidades en la planeación que según la CRG se evidencian en la modificación del 67% de las direcciones establecidas para la ejecución de obras.
La Contraloría además indicó que las debilidades en la gestión contractual se demostraron en las “diferencias en el cobro de cantidades de algunos materiales utilizados en las intervenciones de los ítems cobrados al Distrito y los soportes anexos a la liquidación de las órdenes de trabajo de los contratistas de Triple A”.
También se encontraron: “Diferencias entre el valor de los bienes dados de baja y reversiones reportados, frente al valor establecido en los informes técnicos y avalúos de los bienes que hacen parte integral de las actas de baja”, dijo la CRG en un comunicado.
Sus mecanismos de control interno son “ineficientes”
La CRG calificó como “ineficiente” el control interno de la Triple A en cuanto a los mecanismos de control diseñados e implementados por la empresa.
“Esto se explica por las debilidades observadas en relación con la planeación, seguimiento, control, supervisión y ejecución del Convenio 012016002303 de 2016; deficiencias en el reporte de bienes dados de baja correspondientes a dicho contrato de concesión y la sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por incumplimiento de las disposiciones que regulan los servicios públicos de acueducto y alcantarillado”.
Informe: Laura Rocco
