El ente de control fiscal busca garantizar la continuidad de ese servicio y evitar un detrimento patrimonial.
Dado el embrollo por cuenta de la disputa entre el Gobierno nacional y la firma Thomas Greg & Sons a raíz de la licitación del contrato de pasaportes, a pesar de que hace unas semanas el otrora secretario general de la Cancillería decidió adjudicarlo a la firma, pero el Ejecutivo se opusiera bajo distintos argumentos sin finiquitar el asunto, la Contraloría General de la República decidió convocar una mesa de trabajo entre las partes implicadas para revisar el asunto y lo que guarda relación con “un posible detrimento fiscal”.
Bajo esos efectos, el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, manifestó que el encuentro entre las partes se llevará a cabo este martes 12 de marzo a partir de las 2:00 de la tarde con el único propósito de revisar aquellos asuntos que le preocupan a la Contraloría en relación a la controversia y al detrimento patrimonial que se pudiera generar en circunstancias relacionadas con el contrato que se pueda o no ejecutar en el tema de los pasaportes.
“Este interés de la Contraloría es única y exclusivamente con el objeto de escuchar las partes y revisar si es posible avanzar en un acuerdo que permita resolver este problema y garantizar la continuidad de la prestación del servicio de expedición de pasaportes para todos los colombianos dentro y fuera del país y por supuesto evitar como le corresponde a la Contraloría, la ocasión de un detrimento del patrimonio público de los colombianos”, indicó Zuluaga.
Dadas estas circunstancias, vale la pena recordar que Thomas Greg & Sons demandó al Estado por una suma de 117 mil millones de pesos cuando el canciller Álvaro Leyva declaró desierto el proceso de licitación siendo la firma la única proponente en ese momento.
Posteriormente, hace tan solo unos días después del escándalo por la adjudicación presuntamente “arbitraria” hecha por el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, el Gobierno en cabeza del ministro de Relaciones Exteriores (e) Luis Gilberto Murillo, mencionó que “no vamos a firmar un contrato que se haya originado en situaciones irregulares”, y esto nuevamente da pie a que la demanda continúe.
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Es precisamente lo que busca evitar la Contraloría con la conciliación a la que puedan llegar las partes, dado que en caso de que Thomas gane la demanda, el Estado perdería miles de millones de pesos y esto se traduciría en un detrimento patrimonial público.
Informe y redacción: Luis Ángel Terán
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