“Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, la entidad solo ha ejecutado el 0,96% del presupuesto destinado para la atención de riesgos y desastres”, señaló el ente fiscal.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó este lunes una advertencia sobre la baja ejecución presupuestal por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para prevenir posibles estragos relacionados con el fenómeno de La Niña y atender otros riesgos naturales que enfrenta el país.
En ese sentido, explicó que “entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, la UNGRD solo ha ejecutado el 0,96% del presupuesto destinado para la atención de riesgo y desastres. Además, 0,02% ($2.13 billones) de lo que esta entidad contrató en 2023, no fue ejecutado y pasó como rezago presupuestal al año 2024”.
El contralor hizo un llamado al actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien lleva cinco meses en el cargo y aunque ha hecho visibles y públicas muchas de las irregularidades que dejó la administración de su antecesor, Olmedo López, también tiene la obligación de gestionar adecuadamente todos los compromisos, obligaciones, órdenes de proveeduría y contratos que recibió su administración o de reemplazarlos oportunamente, cuando haya decidido terminarlos anticipadamente.
“La inacción y/o la terminación anticipada de los compromisos adquiridos, está ocasionando incrementos en los riesgos a mitigar y en los daños al erario ya producidos. Buen ejemplo de ello es el caso de los 40 carrotanques adquiridos para transportar agua en La Guajira, con un costo de $47.800 millones, que iniciaron como una proveeduría con presuntos sobrecostos y hoy, 6 meses después, ya son un suministro siniestrado y abandonado que no presta el servicio previsto”, agregó Rodríguez.
Resaltaron su preocupación por la decisión de Carlos Carrillo de dar por terminadas de forma anticipada los contratos de obra suscritos en 2022 para la mitigación de riesgos de derrumbes y avalanchas en las cuencas altas de los ríos y quebradas que atraviesan el municipio de Mocoa y que son fundamentales para evitar que suceda una nueva tragedia en dicho municipio.
Añadieron que el actual director de la UNGRD, como lo hizo su antecesor, tampoco ha gestionado lo necesario y suficiente para la pronta y adecuada rehabilitación y reconstrucción de las serias afectaciones producidas por los derrumbes sucedidos en el municipio de Piojó (Atlántico), en septiembre de 2022.
Precisaron que tampoco se ha logrado solucionar el boquete de Caregato, jurisdicción de San Jacinto del Cauca (Bolívar), el cual ha ocasionado severas inundaciones en varios sectores de La Mojana. La Contraloría ya realizó visita técnica a este sitio e iniciará una indagación preliminar para revisar y evaluar la gestión fiscal de la UNGRD, los consultores, constructores e interventores que han participado en estas actividades y obras.
Adicionalmente, la Contraloría General de la República indicó que adelanta nuevas investigaciones sobre la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en todo el país, tiene en curso 17 actuaciones de control fiscal por $96.303 millones y ha ordenado medidas cautelares por $29.013 millones, por temas relacionados con ollas comunitarias, maquinaria amarilla, carrotanques y programa “Hambre Cero”, entre otros.
A finales de febrero del presente año, la Contraloría advirtió e hizo públicos los presuntos actos irregulares que se venían presentando en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) en relación con la contratación de carrotanques para el municipio de Uribia y sus alrededores.
La Contraloría delegada para el Sector de Infraestructura realizó diferentes requerimientos de información a la UNGRD. De allí derivaron tres (3) procesos administrativos sancionatorios fiscales en contra de tres ex directores. Los procesos mencionados se encuentran en varias etapas, que van desde autos de apertura en proceso, hasta final de la etapa probatoria y alegatos finales.
En el mes de marzo, el Contralor General declaró de impacto nacional los hechos relacionados con la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y ordenó a la Unidad Anticorrupción avanzar con las investigaciones de la contratación de esta entidad de los últimos cinco años.
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría y la Unidad de investigaciones Especiales, continúan examinando la información encontrada con miras a la eventual apertura de otras actuaciones, concernientes a temas de relevancia como la contratación de maquinaria amarilla, el programa “Hambre Cero”, conocido como el programa “Ollas Comunitarias”, y otros vínculos contractuales referentes a carrotanques y suministros de agua potable, etc.
Recientemente la Unidad Anticorrupción, en coordinación con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), ha estado analizando la información de un disco duro portátil con información vital, tanto para las investigaciones que se están adelantando como con miras a posibles nuevos hallazgos.
En este momento la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción tiene a su cargo un total de 17 actuaciones (ocho Procesos de Responsabilidad Fiscal, cinco indagaciones preliminares y cinco antecedentes más en curso con amplio material documental y electrónico) con un monto de apertura, hasta el momento, de más de $96.303 millones.
Se han emitido medidas cautelares en dos de los ocho procesos, que tienen montos de apertura por $29.013 millones en total. Se estudian los otros seis procesos en este sentido y se prevé el aumento de estas medidas con los antecedentes recibidos recientemente, respecto a ollas comunitarias, maquinaria amarilla y los hallazgos que conocemos como “carrotanques 3”. Se han vinculado a los procesos a alcaldes, interventores, supervisores de contrato y varias empresas.
La Contraloría General estudia más de 40 contratos suscritos por la UNGRD en todo el país, analizando órdenes de proveeduría, evidencia de ejecución, informes de supervisión, interventoría y/o comité de veeduría comunitaria, según sea el caso.
Otros contratos, como el caso de los dos de carrotanques, los de La Mojana (jarillones, sector “Caregato” y el contrato de kits alimentarios de forma irregular), los Kits de pandemia COVID 19 y el contrato de obras inconclusas en el municipio de Guapi (Cauca), hacen parte de las pruebas recogidas de los procesos de responsabilidad fiscal abiertos.
Hay que resaltar los casos más emblemáticos como el caso del sector La Mojana, donde se habría realizado un pago en exceso a 265 beneficiarios de ayudas humanitarias no alimentarias, denominadas “Medios de vida”, lo mismo que irregularidades en entregas de más de mil kits alimentarios y no alimentarios en municipios como San Jacinto del Cauca, Achí, Magangué y Ayapel.
El tema de los carrotanques en el sector de La Guajira, ha implicado la apertura de dos procesos de responsabilidad fiscal en tiempo récord y se prevé la apertura de un tercero, conforme a las denuncias e información recibida.
