La mayoría de los damnificados están ad portas de perder el auxilio de arrendamiento. La Contraloría considera que sería un error craso de la UNGRD quitar esta ayuda y pidió precisiones sobre este tema.
La Contraloría General de la República realizó una visita al municipio de Piojó, Atlántico, como parte del seguimiento permanente que adelanta a la reconstrucción del casco urbano luego del deslizamiento de tierra que ocurrió el 22 de noviembre de 2022.
Durante la visita, el vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga Pardo, verificó de primera mano que, luego de más dos años de la tragedia, 150 familias aún no tienen solución alguna por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Zuluaga realizó una solicitud de información a la entidad sobre los estudios de geotecnia para verificar el estado del suelo, de manera que se tenga certeza para la presentación del plan de reasentamiento y el plan de mitigación de riesgos.
“Si el estudio arroja un resultado de que no se puede reconstruir en la zona del deslizamiento, hay que plantear dónde se tiene que trasladar, cómo y dónde va a ocurrir eso”, señaló Zuluaga.
Seguidamente, resaltó: “Luego de dos años, la comunidad sigue esperando su vivienda, y además no se están dando los subsidios. Se hizo una depuración del censo y hay que preguntar ¿qué pasa con las familias que han hecho una reagrupación, por qué pierden el subsidio? La condición de damnificado no se pierde o ¿cuál es el sustento jurídico? Este es el derecho más mínimo que tienen para garantizar su bienestar. Esperamos que la UNGRD responda”.
El vicecontralor también anotó que la no asistencia presencial de la entidad a este encuentro, es recurrente y muestra desinterés en resolver la problemática, de forma ordenada y las inquietudes y las necesidades de la comunidad, dado que estas situaciones ameritan la presencia institucional con soluciones concretas, en reconocimiento de la condición de vulnerabilidad manifiesta.
Como resultado de una mesa de trabajo virtual, a la que se conectaron funcionarios de la UNGRD, surgieron tres (3) compromisos:
Primero: Entregar el estudio técnico o el contrato que se ha hecho para determinar si el terreno donde ocurrió el desastre tiene o no un riesgo alto, mediano o moderado, para establecer si las familias damnificadas pueden retornar ahí o si se necesita un terreno distinto para plantear la posibilidad de un reasentamiento.
Segundo: El ente de control le pidió a la UNGRD que determine por qué razón algunas condiciones de retorno voluntario, ocasionadas por el incumplimiento del pago de arrendamientos, ha hecho que varios de los damnificados estén hoy ad-portas de perder el subsidio o el auxilio de arrendamiento, en la medida en que la condición de damnificado solo se pierde cuando hay una reparación integral.
“El pago del arrendamiento es una medida que mitiga el efecto causado por el desastre natural y es un error craso quitarles el auxilio de arrendamiento. Y por eso le hemos solicitado a la Unidad que explique jurídicamente cuál es el sustento para eliminar esta condición”, comentó sobre este punto el Vicecontralor.
Tercero: Se le solicitó también a la UNGRD que entregue el Plan Integral de Intervención en Piojó, con fecha, tiempos y actividades, para poder hacerle un seguimiento desde la Contraloría, para que la comunidad recupere las condiciones de vida digna que perdió con la calamidad.
