Según en ente fiscal, los daños se originaron por el abandono y no funcionamiento de la obra IED Taganga.
La Contraloría General de la República ordenó mediante un auto la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en contra de la los exalcaldes de Santa Marta, Virna Johnson y Rafael Alejandro Martínez, por el presunto daño patrimonial generado por el abandono y no funcionamiento de la obra de la Institución Educativa Distrital Taganga.
“Se estableció un evidente abandono en la obra, presenta crecimiento de la vegetación y algunas placas de entrepiso y muros exteriores muestran una mancha blanca de aspecto salitroso, que requiere una inspección que determine su origen y solución, por otro lado es visible dicho abandono pues la construcción de la IED se ha visto afectada por la delincuencia, ha habido hurtos a varios elementos que habían sido instalados”, sostiene el radicado.
Según lo señalado por el ente de control fiscal, el daño del patrimonio público objeto de investigación asciende a los $9.611 millones y también involucra a los exsecretarios de Infraestructura Distrital Idark Barrios Johnson, David De Marchena González, Jonathan Nieto Gutiérrez, junto con el contratista Unión Temporal Taganga.
“Entre las irregularidades señaladas se encuentra el deterioro prematuro de la infraestructura educativa construida en el marco del contrato de obra N° GI 003, así como el abandono y actividades inconclusas que han afectado el nivel del servicio educativo, seguridad y confort”, sostiene el auto emitido por la Contraloría.
La Contraloría estimó que en el caso del exalcalde Martínez, “existieron graves falencias en la supervisión de los contratos de obra e interventoría que permitieron el giro de recursos por contraprestaciones no recibidas”. Además, se pudo evidenciar deficiencias constructivas, inadecuados procedimientos, en incumplimiento reglamentos técnicos aplicables al procedimiento de construcción por parte del contratista de obra.
Sobre la exmandataria Johnson, el ente de control fiscal mencionó que “poco o nada estuvo al tanto de la ejecución del contrato, limitándose a delegar en su Gerente de Infraestructura, la función de supervisión, sin llegar a ejecutar acciones tendientes a una real dirección del contrato, dada su calidad de cabeza de la administración Distrital de Santa Marta”.
Basándose en esto, por medio del Auto No. 054, se resolvió “Ordenar la apertura del PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-80472-2022-42042, por los presuntos hechos irregulares lesivos al patrimonio público acá expuestos, teniendo como entidad afectada al DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, conforme la parte motiva de la presente providencia”.
