Los funcionarios advierten que la CREG no tuvo en cuenta un estudio que soportara el impacto de las pérdidas reconocidas en el costo del Kwh.
La contralora general del departamento del Atlántico, Yadira Morales Roncallo, junto con los contralores territoriales de la costa Caribe ante la Sección Primera del Consejo de Estado, interpondrán este vienes 5 de abril una acción de nulidad para que se declare nulo el Régimen Transitorio Especial en materia tarifaria del servicio de energía para la esta región de Colombia, establecido en la Resolución 10 de 2020.
Esta norma creó una especie de tributo o tasa para cubrir el déficit acumulado durante los últimos años de operación de Electricaribe, producto de haber reducido desde el año 2012 el monto de inversiones por debajo del 5 % de la base regulatoria, llegando al 2,5 % en el año 2016.
Indican los representantes de la Contraloría que estas inversiones fueron sistemáticamente inferiores a las mínimas requeridas para evitar el deterioro de indicadores de pérdidas y calidad del servicio, llevando la subinversión al deterioro de la infraestructura de energía y trasladando esta a los usuarios a través de las tarifas.
Señalan que las ineficiencias del operador de red y la falta de control del Estado, en cabeza de la Superservicios, han sido los propiciantes del incremento de forma desbordada de las tarifas de energía en esta región del país para que los nuevos operadores de red, Air-e y Afinia, cubran el déficit dejado por Electricaribe.
“Con la medida implementada, Air-e y Afinia recibirían de los usuarios aproximadamente un billón de pesos por unas inversiones que no hicieron dichas empresas, al haberse dispuesto que las pérdidas reconocidas se aplicarían de manera retroactiva al momento en que cada empresa presentara el estudio de pérdidas técnicas, estableciendo un cobro retrospectivo contrario a lo que la CREG determina en la aplicación de las modificaciones tarifarias hacía futuro, aplicándose luego de ser aprobadas, no desde que se pide su aprobación”, mencionan los contralores territoriales en un comunicado.
Agregan que con la nueva medida, Air-e y Afinia efectuaron el cobro de las inversiones proyectadas, en lugar de las inversiones ejecutadas, como sucede con los operadores del resto del país, habiéndole aprobado a dichas empresas de la costa Caribe cobrar las pérdidas reconocidas con base a los costos por ‘planes aplicados’, es decir, por las inversiones programadas y no por las inversiones ejecutadas.
Según lo expuesto, esto conllevó a que en el mes de julio de 2021 se incrementara desmesuradamente el valor dichas pérdidas, pasando de $42,50 a $247,24 en tan solo un mes, lo que representó un incremento del 534,80% que tuvo como efecto que el valor del Kwh se incrementara de $569,66 a $783,95, representando a su vez un incremento del costo de la energía del 37,62% de un mes para el otro.
En su demanda, los contralores advierten que la CREG al expedir la norma “no contó con un estudio que soportara el impacto de las pérdidas reconocidas en el costo unitario del Kwh”, al punto que el costo de estas pérdidas, a partir de la aplicación del acto demandado, supera ampliamente los demás costos de la fórmula tarifaria, incluida la generación de energía.
“Así por ejemplo, de acuerdo a los costos de las variables para el mes de julio de 2021, para determinar el costo unitario de un Kwh, se tiene que mientras el costo de las pérdidas reconocidas fue de $247, 24, la generación costó $226,27, el transporte por el sistema de transmisión nacional costó $41,57, la distribución local costó $135,57, las restricciones costaron $37,21 y la comercialización fue de $96,08, para un total de $783,95″, detallaron.
Frente a este análisis, aseguraron los contralores en su argumento que solo el factor de pérdidas reconocidas representó el 31,54% del valor total del Kwh, situación que se mantuvo en esa misma tendencia hasta las tarifas del mes de junio de 2022, lapso en el que el factor más costoso de la fórmula tarifaria fue esa misma esfera, por encima de la generación de energía, que por lógica debería ser el factor de mayor peso en el costo del Kwh.
“En menos de dos años y medio, dicha medida regulatoria tuvo como efecto que el costo del Kwh para la costa Caribe se duplicara, pasando de $569,66 para el mes de junio de 2021 a $1.165,56 en el mes de enero de 2024”, puntualizaron.
Los contralores invocaron el artículo 125 de la Ley Anticorrupción, el cual dispone que “cuando los órganos de control fiscal adviertan por cualquier medio el quebrantamiento del principio de legalidad, podrían interponer las acciones constitucionales y legales pertinentes ante las autoridades administrativas y judiciales competentes y, en ejercicio de estas acciones, solicitar las medidas cautelares necesarias para evitar la consumación de un daño al patrimonio público, quienes le darán atención prioritaria a estas solicitudes”.
Finalmente y en tal sentido, se pidió como medida cautelar al Consejo de Estado que se suspenda los efectos del Régimen transitorio Especial en materia tarifaria para la Costa Caribe, mientras se estudia y resuelve la demanda, retornando al marco general aplicado en el resto del país, lo que tendría como efecto inmediato un importante alivio en las altas tarifas de energía para esta región del país.
