Al parecer, el hombre al que le pidieron el soborno, tenía vínculos con una organización criminal de Medellín.
Dos patrulleros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, identificados como Mauricio Rafael Peñetes Osorio y Sergio Ascanio Estévez, fueron condenados a 9 años y 8 meses de prisión por el delito de concusión, luego de que le exigieran una suma de dinero a un ciudadano en medio de un procedimiento policial.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, este hecho ocurrió el 28 de septiembre de 2020 cuando en un puesto de control los efectivos interceptaron a un motociclista y a su acompañante en una calle del barrio Robledo de Medellín.
Indica el informe judicial que los policías le aplicaron una requisa a ambos y en medio del procedimiento evidenciaron que en su teléfono celular el hombre poseía unas fotografías que lo relacionaban con una organización criminal que delinque en Medellín.
“Los uniformados le informaron al hombre que dichas imágenes lo vinculaban con una organización criminal que delinque en la zona, por lo cual debían detenerlo. Según se logró determinar, los dos policías le exigieron al motociclista el pago de un millón de pesos a cambio de no judicializarlo”, señala la Fiscalía.
Finalmente, la víctima acordó con los uniformados la entrega de $600.000, por lo que dejaron en libertad a su acompañante para que ésta buscara el dinero. Sin embargo, la mujer puso la situación en conocimiento del Gaula y horas después, cuando les iba a entregar un paquete que simulaba contener el dinero, los policías fueron capturados.
Desde entonces, los patrulleros permanecían apartados de sus funciones mientras estaban siendo investigados y cumplían detención domiciliaria, hasta que este miércoles fueron condenados a 9 años y 8 meses de prisión por el delito de concusión.
Adicional a la pena impuesta, la sentencia dispone que deberán pagar una multa de 87 salarios mínimos mensuales vigentes para la época, al igual que la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 96 meses, aunque este fallo fue apelado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
