El hombre obligaba a las víctimas a que lo visitaran en las cárceles donde se encontraba recluido, en Medellín, Itagüí y Barranquilla.
Hernán Giraldo Serna, exjefe del Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue declarado responsable del abuso y la explotación sexual de tres niñas de 11 y 12 años entre 2004 y 2006.
Este hombre, conocido con los alias de el Patrón, el Viejo, el Señor de la Sierra y Taladro, aprovechó su condición de cabecilla para obligar a las víctimas a sostener relaciones sexuales con él, vivir en las fincas donde residía y visitarlo cada semana en las distintas cárceles de Medellín e Itagüí (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), donde estuvo privado de la libertad antes de su extradición a los Estados Unidos.
La investigación estableció que, para el ingreso a las prisiones, las menores de edad contaban con el permiso de la persona que tenía su custodia. En los centros penitenciarios fueron abusadas sexualmente y sometidas a distintos actos ilícitos por parte del exjefe paramilitar.
Una de las jóvenes, al cumplir 14 años, quedó embarazada y fue obligada a abortar por orden del hoy condenado. Otra de las víctimas dio a luz un bebé producto de los reiterados abusos.
La investigación adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos demostró que una de las víctimas fue utilizada en condición de servidumbre, debido a que presentaba una discapacidad cognitiva.
El 6 de septiembre de 2022 fue emitida resolución de acusación en contra del procesado y los hechos investigados fueron declarados de lesa humanidad para ser considerados imprescriptibles. Posteriormente, el 26 de marzo y el 27 de agosto de 2025, durante las audiencias preparatorias, aceptó su responsabilidad en los hechos investigados y se acogió a sentencia anticipada. El proceso se adelantó bajo la Ley 600 de 2000.
En ese sentido, un juzgado penal del Circuito de Santa Marta condenó a Giraldo Serna a 20 años, 11 meses y 24 días de prisión por los delitos de acceso carnal violento agravado, trata de personas con fines de explotación sexual, aborto forzado y tortura, todas estas conductas cometidas contra persona protegida. Además, se le impuso una multa de 1.086 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2006.
Este hombre fue postulado a la Ley de Justicia y Paz en 2006, pero posteriormente fue excluido por incumplir los compromisos adquiridos.
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