La cabildante barranquillera planteó esta iniciativa de acuerdo, que deberá desarrollarse mediante un trabajo articulado con la Policía Nacional y la Fiscalía General para fortalecer la atención y la investigación de estos casos.
Por: Iván Peña Ropaín.
La concejal de Barranquilla Heidy Barrera Vergara socializó un oportuno proyecto de acuerdo que establece lineamientos para la prevención y atención de las violencias digitales contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en la capital del Atlántico. Con ello, se busca fortalecer, dentro de las competencias del Distrito, la prevención, la identificación, la orientación y la activación de las rutas institucionales frente a las violencias ejercidas por medios digitales.
Para ello, la también abogada, especialista en Derecho Administrativo y Contratación Estatal y magíster en Derecho Público, planteó que la iniciativa debe contar con una acción coordinada entre las dependencias distritales y las autoridades competentes, con el fin de lograr efectividad en sus resultados.
Durante su intervención en el Concejo de Barranquilla, la concejal advirtió que la ciudad no cuenta actualmente con estadísticas propias suficientes para dimensionar el fenómeno. A nivel nacional, agregó Heidy Barrera Vergara como dato informativo, seis de cada diez mujeres han sufrido acoso en línea y, entre los años 2020 y 2025, la línea “Me Protejo” contabilizó 53.631 reportes.
Esta funcionaria pública, quien también fuera consejera de juventudes y edil de la JAL Metropolitana, añadió en su explicación que muchas víctimas no formalizan sus denuncias, “lo que dificulta aún más conocer a plenitud el alcance real de estas conductas en la ciudad”, precisó.
La autora del proyecto identificó cinco formas en que se expresa esta problemática: el acoso y las amenazas por internet, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la suplantación de identidad, la violencia política digital contra las mujeres y la vigilancia no autorizada, que incluye el acceso a conversaciones privadas o el rastreo de ubicaciones.
En la misma línea, relató que estos comportamientos, rechazables desde todo punto de vista, pueden afectar la salud mental, la intimidad, las relaciones familiares y la participación de las mujeres en la vida pública. Además, alertó sobre los riesgos a los que pueden quedar expuestos los menores de edad.
Barrera aclaró que el proyecto no busca imponer sanciones ni crear nuevas competencias judiciales. “Más bien, su propósito es articular los programas existentes y promover una mesa técnica con la Policía Nacional y la Fiscalía General para fortalecer la atención y la investigación de estos casos”, remarcó.
Asimismo, puntualizó durante su intervención que la propuesta no contempla comprometer recursos adicionales, sino coordinar las acciones y capacidades institucionales disponibles para prevenir la violencia digital y facilitar el acceso de las víctimas a las rutas de atención.
