Desde la célula legislativa ordenaron recaudar pruebas, solicitar información a entidades del Estado y escuchar en declaración juramentada al ministro de Defensa.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la adquisición de 17 aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab.
La decisión se toma tras una denuncia penal presentada por el ciudadano Pablo Bustos Sánchez, quien acusa al mandatario de posibles delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, utilización indebida de información privilegiada, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Según la denuncia, el valor del contrato, firmado en noviembre de 2025 por aproximadamente 16,5 billones de pesos (alrededor de 4.300 millones de dólares), habría incluido sobrecostos significativos. Bustos cita comparaciones con otros países, señalando que el precio por aeronave sería superior al pagado por Tailandia por los mismos equipos, con cifras que oscilarían entre un 55 % más y hasta el triple del valor real, según diversas versiones mencionadas en el expediente.
El Gobierno nacional defendió en su momento la operación como un proceso transparente y estratégico para modernizar la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El presidente Petro ha argumentado que los Gripen representan la mejor opción en términos de tecnología nueva, costos operativos y autonomía, rechazando ofertas de aviones usados de otros proveedores. La Contraloría General de la República avaló fiscalmente el contrato.
En el auto de la Comisión, presidida por la representante Gloria Arizabaleta, se ordenan varias pruebas: compulsa de copias a la Fiscalía, oficios a la Procuraduría, Contraloría y Ministerio de Defensa, y el testimonio juramentado del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Esta es una de las múltiples investigaciones que enfrenta el presidente Petro ante la Comisión de Acusación, en un contexto de alta tensión política previo a las elecciones presidenciales. La investigación se encuentra en etapa preliminar y no implica responsabilidad penal ni disciplinaria hasta que se adelanten las pruebas correspondientes.
