Según la asambleísta, el proyecto urbanístico producirá afectaciones de movilidad, seguridad, convivencia, ambientales, de planeación, entre otros.
En medio de un debate de control político realizado el pasado 16 de julio en la Asamblea Departamental del Atlántico, la diputada Isabella Pulgar Mota afirmó que “Ciudad Mallorquín pasará de ser el proyecto de urbanismo más importante del departamento a ser una ‘bomba de tiempo’ por las afectaciones de movilidad, seguridad, convivencia, ambientales, de planeación y vertimientos de aguas residuales”.
Según la diputada, en Ciudad Mallorquín hay 17 proyectos de vivienda de interés social, pero el número de parqueaderos habilitados es significativamente inferior al mínimo legal requerido. Explicó que “se están construyendo 1.440 unidades residenciales para solo 720 parqueaderos, y ya hay quejas de residentes porque ni siquiera están cumpliendo con el número autorizado de aparcamientos. La única opción que les queda a los moradores es estacionar en la vía pública, lo cual genera congestión vehicular y deterioro de las vías por carga excesiva”.
Además de lo anterior, cuestionó la preparación del municipio de Puerto Colombia para recibir esta nueva ciudad. En ese sentido, señaló los riesgos ambientales y sociales del proyecto urbanístico y el caos vehicular que se generará por la falta de vías adecuadas para soportar la movilización de más de 50.000 habitantes.
Otro de los asuntos en los que hizo hincapié la diputada fue que los vertimientos de aguas residuales irán directamente al río Magdalena mediante la estación de bombeo de aguas residuales Mallorquín que opera la empresa Triple A. Según lo que manifestó, el proceso terminaría aguas abajo del punto de captación de Las Flores, ubicado en la ciudad de Barranquilla.
Pulgar también hizo un llamado a todos los actores involucrados en Ciudad Mallorquín para trabajar de manera consciente en las necesidades y requerimientos que implica este tipo de proyectos, procurando condiciones que permitan transformar positivamente al Atlántico.
Otro cuestionamiento de la diputada apunta a que la Corporación Regional Autónoma (CRA), mediante la Resolución 0072 de 2017, permitió la destrucción de la naturaleza en los terrenos donde hoy se está construyendo Ciudad Mallorquín. Pulgar destacó que “la modificación del POMCA confirma que el área era un terreno protegido y pidió conocer los estudios en que se basó la CRA para retirar dicha protección”.
El plan básico de ordenamiento territorial (PBOT) de Puerto Colombia, modificado por el concejo municipal en 2017, fue otro de los aspectos a los que se refirió, asegurando que cambiaron la densidad de construcción permitida de 10 viviendas a 240 viviendas por hectárea. Este cambio ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades, y la Procuraduría General de la Nación presentó una demanda para declarar la nulidad total del acto administrativo.
Durante el debate de control político, la asambleísta se refirió a las consecuencias negativas que tendrá el proyecto urbanístico Ciudad Mallorquín si no se adoptan las medidas pertinentes.
“La primera consecuencia es el ecocidio ya causado hasta el momento y que tendrá mayores proporciones al ser arrasadas, de manera despiadada, la flora y fauna nativa en el sistema de bosque seco tropical, afectando al medio ambiente y hasta el clima en el sector. A eso se suma la contaminación del río Magdalena, con la afectación de la actividad pesquera y deportes náuticos, además del urbanismo agresivo para el ciudadano y la ciudad y la desvalorización de las propiedades en urbanizaciones consolidadas, como Villa Campestre y Ciudad del Mar”, precisó.
Agregó que el colapso total de la movilidad del norte de Barranquilla, la deficiencia en el transporte público masivo y el deterioro en la prestación de los servicios públicos debido a la poca capacidad de las redes instaladas y la falta de planeación, también serán algunos de los efectos adversos que ocasionaría el proyecto.
En cuanto a la seguridad, Isabella Pulgar anotó que se prevé un deterioro como consecuencia del aumento en la densidad poblacional y la actividad comercial porque llevaría a aumentar los niveles de delincuencia, incluyendo robos, vandalismo y otros delitos.
En esa línea, la diputada del Partido Liberal presentó cinco propuestas con el fin de evitar mayores daños en Ciudad Mallorquín, siendo la primera solicitar a la empresa Triple A que explique en qué condiciones se satisfará la demanda de agua potable y cómo se manejará la captación, tratamiento y vertimiento de aguas residuales.
Igualmente, propuso el desarrollo de un plan de mitigación de impactos, mayor transparencia y participación ciudadana, además de la elaboración de un estudio diagnóstico que deben contratar la Gobernación del Atlántico y las alcaldías de Barranquilla y Puerto Colombia.
Asimismo, fue vehemente en la solicitud de que no se intervengan las 124 hectáreas restantes del terreno donde hoy se construye el proyecto inmobiliario Ciudad Mallorquín.
