Piden la suspensión de las discusiones de los proyectos, hasta tanto se esclarezca el escándalo de corrupción en la UNGRD donde se relaciona a congresistas.
El partido Centro Democrático radicó ante el Tribunal Contencioso Administrativo una acción popular en la que solicita que se detenga el trámite de las reformas sociales presentadas por el Gobierno nacional (pensional, laboral y de educación), hasta tanto se esclarezca el escándalo de corrupción en el interior de la UNGRD, hechos denunciados por el exdirector de la entidad, Olmedo López, y del exsubdirector de Desastres, Sneyder Pinilla, donde estarían involucrados varios congresistas de la República.
Fue Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, director nacional y representante legal del Centro Democrático, quien instauró en nombre del colectivo político esta acción popular, hasta que haya un pronunciamiento judicial que aclare las graves denuncias de corrupción alrededor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que han salpicado a funcionarios del Gobierno Nacional, así como a miembros del Congreso.
“Una situación que deslegitima y vicia la votación de quienes resulten involucrados en los hechos denunciados y conocidos por la opinión pública”, mencionaron en un comunicado.
Además, señalaron que las reformas que se relacionan presentan serios reparos como, la falta de aval fiscal, pues no han tenido en cuenta las observaciones técnicas realizadas por los diversos actores de los sistemas afectados, ni las expresadas por la Procuraduría General de la Nación.
En tal sentido, solicitaron que “se ordene al Congreso Nacional la suspensión inmediata del trámite legislativo de las reformas presentados por el Gobierno nacional denominadas reformas sociales y por intermedio de las cuales se discuten temas de trascendencia e interés del pueblo colombiano”.
En su argumento sostienen que la acción popular “busca proteger el ahorro que millones de colombianos han hecho para poder tener una vejez digna; que se brinden garantías a servicios de salud sin interrupción alguna; que los jóvenes tengan acceso a instituciones educativas públicas y privadas en igualdad de condiciones; que a los trabajadores se les garantice la posibilidad de un trabajo formal y en condiciones dignas; y por último para que se evite un daño patrimonial a las finanzas publicas por decisiones sin planificación, transparencia y eficiencia”.
