Las pruebas de la campaña presidencial de su padre quedaron fuera; pero algunos testimonios, chats y videos si fueron aceptados.
El proceso penal contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos dio un giro crucial esta semana. En la continuación de la audiencia preparatoria de juicio, el juez del caso, Hugo Carbonó Ariza, definió el inventario probatorio, tomando decisiones claves sobre qué elementos serán tenidos en cuenta en el juicio oral y cuáles serán excluidos.
La decisión más resonante es el rechazo de pruebas relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. El juez consideró que estos elementos no son pertinentes para demostrar el aumento patrimonial injustificado del exdiputado.
Pruebas excluidas para el juicio oral
El juez determinó la inadmisión de una serie de elementos presentados por la defensa de Nicolás Petro que buscaban incluir el contexto de la campaña.
Se rechazaron los documentos expedidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre aportes a la campaña presidencial de 2022; tampoco fueron admitidos los informes financieros del movimiento político Pacto Histórico ni otros documentos emitidos por la Casa de Nariño.
El juez Carbonó cuestionó la pertinencia de estos documentos, preguntando qué tendría que ver una sustentación pericial sobre el patrimonio del procesado con “campañas presidenciales”, indicando que no acreditan una supuesta persecución o motivación política en la actuación de la Fiscalía.
Pruebas incluidas en el juicio oral
Pese al rechazo de los elementos sobre la campaña, el juez sí avaló el grueso de las pruebas presentadas por la Fiscalía, centradas en el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Fueron admitidas las declaraciones de Day Vásquez, exesposa del acusado, y de Máximo Noriega. También se avaló la declaración de Gabriel Elías Hilsaca. El juez también declaró legal la fuente humana que permitió la captura de Petro Burgos, así como el video y el procedimiento de la detención en julio de 2023.
Entre las evidencias que serán usadas por la Fiscalía figuran chats, videos y testimonios que buscan demostrar el origen de los más de $1.050 millones de pesos que, según el ente acusador, Nicolás Petro habría recibido entre 2020 y 2022 de fuentes no declaradas.
Cabe destacar que, a pesar de lo anterior, las declaraciones iniciales en las que Nicolás Petro admitió su responsabilidad no serán tenidas en cuenta en el juicio, debido a problemas relacionados con su legalidad y la garantía de sus derechos.
El proceso sigue avanzando, y el juez, además, admitió a varios testigos clave a solicitud de la defensa para “fortalecer su teoría” y cuestionar la legalidad de las diligencias de captura y allanamiento.
