En los próximos días debe darse una respuesta de la UEFA, la cual podría o no torpedear su participación en Champions.
Por: Iván Peña Ropaín.
José María Enríquez Negreira, exárbitro español y exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), el lunes 5 de junio declaró ante la Agencia Tributaria que Barcelona FC lo contrató para conseguir que el estamento arbitral fuera neutral con el equipo y que él asesoró sobre “qué tarjetas o expulsiones contra el equipo se podían recurrir porque la decisión arbitral podía ser discutible”.
De tal manera figura en el sumario del caso, en el que se lee también que Enríquez Negreira puso sobre la mesa otras recomendaciones que realizó para el club catalán como las de que el Comité de Competición no contara solo con jueces madrileños, que el club tuviera un interlocutor con la Federación Española de Fútbol (FEF) para cuidar las relaciones institucionales o informar de intereses entre la Liga española y la FEF.
Las autoridades han determinado que las empresas de Negreira, en todo este cuento, cobraron por esta labor más de 7,5 millones de euros entre 2001 y 2018, aunque no hay ningún soporte documental que los justifique y por eso los investigadores no se creen esta versión.
En sus pesquisas sostienen que un 30% de lo ingresado salió en disposiciones en efectivo y en cheques al portador y que “las retiradas de efectivo recurrentes pueden estar relacionadas con retornos o pagos a terceros” y apuntan al entorno del Barça, pero descartan que la totalidad del dinero fuera a parar a los bolsillos de Negreira o se destinaran a adulterar la competición.
Se informa también que el exvicepresidente de los árbitros no ha sufrido ningún incremento patrimonial y vive en una casa de alquiler, herencia de su pareja. Y por otra parte: “No consta pago alguno a ningún árbitro y se han requerido todas las salidas de la cuenta bancaria ni tampoco consta prueba alguna de que se pudiera influir en resultados”.
Los informes recogidos en el sumario señalan que “no tiene sentido y es una incongruencia que un club de fútbol tenga que pagar al vicepresidente de los árbitros para garantizar que las decisiones tomadas por dicho órgano sean neutrales, cuando dicho ente ha de ser neutral por si mismo”.
