Este comentario del mandatario se da en respuesta a señalamientos contra el Gobierno nacional por presuntos acuerdos con el Gobierno de Nicaragua para que el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, permanezca en ese país y no sea capturado por la justicia colombiana.
En medio de una creciente controversia que mezcla corrupción, política y diplomacia, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, enfrenta una orden de captura en Colombia mientras reside legalmente en Nicaragua, lo que ha desatado una crisis política para el Gobierno de Gustavo Petro.
Recientemente, documentos revelados por Noticias RCN indican que, el 21 de mayo de 2025, día en que la Fiscalía le imputó cargos, la Embajada de Colombia en Nicaragua gestionó la renovación o adquisición de la residencia de González en Managua.
Según los documentos, el trámite incluía una nota al Ministerio de Migración nicaragüense que citaba su presencia en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024, y pedía que “se renueve la residencia del compañero González” antes de que expirara el 14 de junio de 2025. La respuesta de Nicaragua fue instruirle que acudiera a Migración y pagara 56 dólares por el trámite.
Ante el escándalo, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X (anteriormente Twitter): “El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”.
Luego, en otra publicación el mandatario negó que él o la Cancillería hayan solicitado la residencia de Carlos Ramón González al Gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua. Asimismo aseguró que si el exdirector del Dapre se encuentra en ese país, pedirá que sea extraditado de inmediato.
“La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaraguense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, señaló Petro.
Finalmente, en una última publicación y en respuesta a la precandidata Claudia López, quien señaló que el Gobierno nacional encubre a González por ser una ficha clave dentro de los actos de corrupción que todavía faltan por destaparse, el presidente de la República dijo:
“Señora, deje de insultar. Carlos Ramón González era el presidente de su partido político (Alianza Verde). Con él hizo todas sus campañas electorales. En esa condición entró al Gobierno. Casi todas las personas implicadas en la corrupción introducida a mi gobierno, vienen de su núcleo político, con excepción de Olmedo. Sé que la corrupción atraviesa todos los estamentos de la sociedad, y que también, en el que era su partido, hay gente muy valiosa, pero la señora Ortiz, el señor Carlos Ramón, entraron en su condición de militantes de, en ese momento, su partido. El señor Iván Name que es un rabioso opositor mío como usted, también pertenece al que era su partido. Al parecer parte de los recursos robados a mi gobierno y al pueblo, fueron a la campaña de elecciones locales del señor Iván Name en su partido. El senador Freddy Muñoz a quien nombré en la embajada de Nicaragua, después de una gran persecución contra él por parte de las mafias de Bello, ha dicho que no tramitó ninguna residencia para Carlos Ramón, tampoco el Gobierno nacional. Y yo mismo solicitaré su reintegro al país”, puntualizó.
Es preciso anotar que un juez del Tribunal Superior de Bogotá —el 3 de julio de 2025— decretó la medida de aseguramiento contra González por delitos como cohecho, peculado por apropiación y con un posible lavado de activos, en el marco del escándalo de corrupción de la UNGRD. Se le acusa de encabezar desde la Casa de Nariño un esquema para ejecutar contratos de carrotanques destinados a La Guajira, y desviar fondos para sobornos a congresistas que asegurarían el apoyo a reformas clave del Gobierno. González se encuentra fuera del país desde mediados de 2024, presumiblemente en Nicaragua, y niega los cargos.
