En total son aproximadamente 27.000 privados de la libertad los que se encuentran en carceletas de estaciones de Policía en todo el país.
Un panorama bastante complicado de hacinamiento y sobrepoblación en centros de detención como estaciones de Policía y las URI de todo el territorio nacional afloró en medio de una cumbre que desarrolló la Corte Suprema de Justicia este lunes 17 de junio.
Del encuentro hizo parte el presidente del alto tribunal, Gerson Chaverra; la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el director general del INPEC, Daniel Gutiérrez; el director de la Policía, general William René Salamanca; y los alcaldes de Bogotá Carlos Fernando Galán; de Medellín Federico Gutiérrez, de Cali Alejandro Eder y de Barranquilla Alejandro Char.
En medio de la cumbre se abordaron temas concernientes al panorama judicial del país, donde hay poco endurecimiento en la imposición de condenas severas, dejando a muchos sindicados en libertad y a la ciudadanía a la merced del hampa, pese a la labor de la Policía por capturar y presentar ante las autoridades competentes a los señalados delincuentes.
Además, un tema crucial que se manejo fue el que tiene que ver con el hacinamiento en las estaciones de Policía y en las diferentes URI localizadas a nivel nacional, donde hay alrededor de 27.000 privados de la libertad a la espera de que su situación jurídica se defina para saber si van a un centro carcelario o recobran la libertad.
Ante esto, una de las soluciones que se abordó fue la de dar traslado inmediato a diferentes prisiones de 390 de estos privados de la libertad que ya se encuentran condenados y que deberían estar en centros carcelarios.
“Se llegó a un acuerdo de tener las siguientes medidas. Una, como quiera que se tiene identificado de que casi 900 personas que se encuentran privadas de la libertad en estaciones de Policía y en las URI ya tienen la calidad de condenados, a través de un trabajo articulado con el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional se va a procurar el traslado de estas personas a las cárceles del país donde el ministro puso de presente que existían los CUC, que podrían generar que estas personas sean trasladadas a establecimientos de reclusión”, manifestó el presidente de la Corte Suprema.
En ese orden de ideas, otro de los aspectos que se estableció fue que las autoridades locales revisen el tema de la conectividad de las estaciones de Policía y las URI, con el fin de dotarlas de equipos necesarios para que las audiencias preliminares, es decir, las relacionadas con legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento, se puedan hacer de manera virtual.
Y por último, el Ministerio de Justicia evaluará la posibilidad jurídica para que los alcaldes puedan crear sitios transitorios especiales de reclusión para el traslado de internos que hoy se encuentran en carceletas de estaciones de Policía y en los calabozos de la URI.
