El caso representa una amenaza para la seguridad nacional y pone bajo la lupa un intento de espionaje hacia el jefe de Estado.
En una operación conjunta entre unidades de contrainteligencia policial y militar, las autoridades lograron la captura de un civil, dos miembros activos de las Fuerzas Militares (un mayor y un sargento) y una mujer identificada como Stephanie Salgado que se hacía pasar por capitán de la Policía, presuntamente vinculados a una red que buscaba infiltrarse en operativos de allanamientos dedicados al combate del narcotráfico con el fin de apoderarse de estupefacientes y otros elementos evidenciados durante las diligencias.
Según fuentes oficiales, el objetivo de la red era doble: por un lado, aprovechar la cobertura que les otorgaba su condición (o percepción) de “ser parte del ente ejecutor del allanamiento” para sustraer drogas, armas o pruebas; y por el otro, los militares implicados buscaban obtener información confidencial de la agenda presidencial, lo que de comprobarse, representa un riesgo grave para la seguridad nacional.
Las capturas se realizaron tras meses de vigilancia e inteligencia estratégica. El presunto esquema consistía en infiltrar agentes en las operaciones de las fuerzas legales, reportar (o intervenir) el material incautado y extraerlo sin que las autoridades lo detectaran en el proceso. Las autoridades han hablado de un “modus operandi sigiloso”, puesto que las operaciones judiciales suelen contar con múltiples controles de custodia y seguridad.
El hecho de que dos militares habrían tratado de acceder a la agenda presidencial o conseguir información de la actividad del ejecutivo encendió alarmas sobre posibles actos de espionaje o filtración interna. Esto podría situar al Estado en una situación de vulnerabilidad, no solo frente al crimen organizado, sino también frente a eventuales amenazas internas. Las autoridades encargadas del caso han hablado de que, de confirmarse estos vínculos, el país estaría ante un episodio de corrupción institucional con horizonte estratégico.
Blu Radio, medio de comunicación que reveló la primicia, informó que la falsa oficial de la Policía habría participado en diferentes actividades judiciales y reuniones, en las que se trataban temas confidenciales de la inteligencia militar. Igualmente, “habría tenido acceso a los sistemas de seguridad de las unidades policiales y militares que visitaba“.
A su vez, el diario El Tiempo reveló en otra nota exclusiva que entre los lugares a los que lograron acceder los capturados “se encuentran el Batallón Guardia Presidencial, la Escuela de Caballería y la Dirección de Protección de la Policía Nacional, desde donde participaban en coordinaciones operacionales para allanamientos y otras diligencias judiciales, sin que tuvieran competencia para hacerlo”.
Los capturados son investigados por la comisión de presuntos delitos como revelación de secreto, concierto para delinquir, fraude procesal y prevaricato por omisión.
