Los aprehendidos son solicitados por una corte de Massachusetts, por el presunto delito de narcotráfico.
En el marco de la estrategia Esmeralda, a través de investigaciones y operaciones para reducir el delito, se adelantó una operación coordinada con la agencia DEA, impactando una organización dedicada al tráfico de alcaloides y al lavado de activos.
Las autoridades de policía siguieron de cerca los puntos estratégicos de movilidad de los miembros de esta organización, presuntamente liderada por Abdul Harb, empresario barranquillero.
Esta redada se dio de forma simultánea en seis ciudades colombianas, gracias a investigaciones adelantadas durante dos años, en donde se incautó gran cantidad de clorhidrato de cocaína en varios puertos, lo que condujo a las autoridades hasta los dueños de estas sustancias y su responsabilidad dentro de la organización.
Una vez se tuvieron los datos de estas personas, se intercambió información con las agencias internacionales que luchan contra este fenómeno en el mundo. La DEA ya tenía en el radar algunas pistas de rutas y enlaces de esta organización criminal con los Estados Unidos. La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, auscultaba las cuentas de estos empresarios buscando un resultado comprometedor con actividades ilegales.
“El jefe de la organización se había tomado el tiempo durante la pandemia COVID-19 para diseñar lo que sería una estrategia criminal; el dinero que recibían producto del narcotráfico era ingresado al país mediante pagos adelantados por exportaciones que no existían, es decir, que mediante la creación de empresas fachadas con registros mercantiles adulterados, pactaban pagos, el dinero nunca era enviado en grandes cantidades. La orden impartida por Abdul Harb a sus empleados era que todos deberían figurar en las falsas empresas y recibir el dinero; por estos depósitos les entregaba a cambio un porcentaje”, afirmó una fuente judicial.
“En el desarrollo de este plan de narcos incluyeron a dos personas o Brokers, expertos en el manejo de operaciones a través de la intermediación de compra y venta de valores o títulos financieros. Su capacidad era tan elevada que habían ingresado al negocio de monedas virtuales incrementando sus ingresos”, agrega el informe.
En otro lugar del país se encontraban los comerciantes y transportadores de los alcaloides, se encargaban de pagar la suma de dinero a personas que intermediaban para llevar la droga hasta los puertos del Caribe colombiano.
“Un integrante que se movía por las principales ciudades del país se encargaba de reclutar pequeñas empresas para asociarlas a su red a cambio de recibir dinero desde el exterior, su habilidad se destacaba en el poder de convencimiento, de manera sencilla conseguía una red de giros entre amigos y familiares en donde los “Brokers” enviaban el dinero”, añadió.
Según las autoridades, el plan diseñado por Abdul Harb era imperceptible, tenía todos los filtros financieros y la tecnología para alertar la presencia de las autoridades, esto le funcionaba por la estructura orgánica y la jerarquía que había dentro de la organización.
Estructura orgánica
Abdul Harb como jefe y diseñador de la estrategia criminal, dueño de varias empresas en la costa, Oscar Rodríguez, hombre de confianza de Abdul y financista de la organización, Andrés Farah y German Padilla los “Brokers” que se encargaban de recibir el dinero distribuido en remesas, envíos, trasferencias, cuentas bancarias, tarjetas débito internacionales y monedas virtuales, llevaban una contabilidad de todas las transacciones que periódicamente presentaban en una junta. Jaime Mejía, un veterano experto en el manejo de cuentas, se encargaba de presentar los contratos que adulteraba después para negociar exportaciones.
En una segunda línea se ubican Jimmi Sánchez, Argiro Velázquez y José Sanchez, encargados del transporte de los alcaloides desde el sur del país y el bajo Cauca hasta los puertos en el Caribe, adecuaban los vehículos con sofisticadas caletas para el transporte de estas sustancias ilícitas, algunas veces utilizaban pequeñas barcazas pesqueras con potentes motores fuera de borda para alcanzar los navíos cuando pasaban el límite de aguas internacionales para contaminar los barcos con la droga.
William Acosta reclutaba empresas pequeñas para transferir dinero falsificando las compras, estaba por encima de tres personas más quienes recibían la orden de mover el dinero en poblaciones intermedias o cabeceras municipales en donde existen oficinas de envíos.
Harold Ayala, José Abril, Ramón Calderón y Fernando Pertúz se ubicaban en Bogotá y Tolima, buscaban oficinas de envíos a las afueras de la ciudad, convencían a personas necesitadas para que recibieran el dinero proveniente de cuentas en el extranjero a cambio de un porcentaje,
En el proceso investigativo, a esta organización se les incautó 1500 kilos de clorhidrato de cocaína, se intervino 4.5 millones de dólares en transferencias bancarias y se incautó 559 millones de pesos.
Los 14 integrantes de esta red serán enviados a los Estados Unidos para que respondan por el delito de Conspiración para traficar y exportar alcaloides.
