El diplomático elevó consultas a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, a la Oficina Jurídica de Presidencia y Colombia Compra Eficiente para definir el futuro de la licitación.
La conjetura de la adjudicación del contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons parece ser un cuento de no acabar, esto luego de que el exsecretario general de la Cancillería José Antonio Salazar decidiera inadvertidamente conceder la licitación a la firma sin el presunto consentimiento del canciller encargado Luis Alberto Murillo y del presidente Gustavo Petro, desatandose una serie de inculpamientos y de decisiones mesuradas.
En la mañana de este martes el canciller (e) se refirió a la supuesta adjudicación y afirmó en el programa radial Avanza el Cambio de la Presidencia de la República que el Gobierno nacional no firmará el contrato de manejo de pasaportes a la firma y que esto no va a generar ninguna afectación en los procesos para los colombianos que tramiten lo tramiten por los próximos siete meses cuando vence la concesión actual.
“Se han presentado dificultades como lo ha manifestado el presidente. Se inició un proceso administrativo con miras a continuar con este servicio y no se siguieron algunos criterios que planteamos como gobierno y es la pluralidad de los oferentes por transparencia que garantizaran la competencia”, dijo Murillo.
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Todo este panorama, según el ministro de Relaciones Exteriores en calidad de encargado, es lo que mantiene en suspenso una determinación final y por el que asegura no se firmará la adjudicación del contrato enmarcado por Salazar, que le costó la destitución inmediata.
“Hemos llegado a la conclusión que en estas condiciones este es un proceso que hay que revisarlo (…) y lo que hemos dicho es que no vamos a firmar un contrato que se haya originado en situaciones irregulares. He elevado unas consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Oficina Jurídica de Presidencia y a Colombia Compra Eficiente para que ellos conceptúen sobre esa estrategia y lleguemos a una solución que sea aceptable y la que más beneficie a la sociedad colombiana”, agregó.
Vale mencionar que la semana anterior el presidente Gustavo Petro había asegurado que “En el último año han logrado que Thomas&Sons propiedad de los hermanos Bautista y con lobby de políticos muy pero muy poderosos, pueda controlar toda la base de datos de los colombianos en la registraduría y al mismo tiempo controlan el escrutinio de las elecciones. Tienen el control de las dos palancas de la elección. Una empresa privada, Thomas&Sons, controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental”. Esto dio a entender que se opone rotundamente a la adjudicación del contrato a esta firma y mantiene en firme el proceso de licitación.
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Asimismo, es de mencionar que el año anterior Thomas Greg & Sons interpuso una demanda de 110 millones de pesos contra el Estado, cuando declaró desierta la licitación al presentarse la firma como el único proponente en ese entonces y de no darse la adjudicación tendría que ser resarcida.
