Los uniformados habrían exigido millonarias sumas de dinero a cambio de no capturar a la víctima y devolverle un vehículo de carga. Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra ellos.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro investigadores de la Sijín de la Policía Nacional de Colombia señalados de, presuntamente, exigir dinero a un transportador a cambio de evitar su captura y devolverle una volqueta que había sido reportada como hurtada.
Los procesados fueron identificados como Diego Alejandro Correa Morales, Ramiro Cabeza Peñaranda, Andrés Mauricio Agudelo Giraldo y Erika Julieth Villa Farfán.
Así ocurrieron los hechos
De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al 4 de noviembre de 2025 en el municipio de Girardota, Antioquia, donde los uniformados citaron al propietario de una volqueta a un parqueadero. En el lugar, los investigadores le habrían informado a la víctima que el vehículo presentaba irregularidades, entre ellas, un supuesto motor regrabado, y procedieron a leerle sus derechos como capturado, bajo el argumento de una presunta flagrancia por hurto.
Ese mismo día, según la Fiscalía, los funcionarios recibieron 5 millones de pesos para no hacer efectiva la captura del propietario. Sin embargo, el conductor del vehículo sí fue detenido y dejado a disposición de las autoridades.
Exigencia millonaria y retiro del vehículo
La situación no terminó allí. Un día después, tres de los investigados habrían citado nuevamente al transportador en un centro comercial del oriente de Medellín.
En ese encuentro, le presentaron a quien sería el supuesto propietario legítimo del vehículo y le exigieron el pago de 350 millones de pesos. Paralelamente, la volqueta fue retirada del parqueadero mediante grúa, sin que se informara su destino.
Los cuatro uniformados fueron capturados el pasado 18 de marzo en un operativo realizado por la Dijín de la Policía Nacional. Durante las audiencias concentradas, los procesados no aceptaron los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, que incluyen concusión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que fue apelada por la defensa.
El ente acusador continúa adelantando las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más víctimas o posibles implicados en este caso que involucra a funcionarios activos de la institución policial.
