“Ya es hora de que el Estado asuma la responsabilidad y la necesidad de reorientar la política criminal y fortalecer el Sistema Penal Acusatorio y el Sistema Penitenciario”, como lo asegura el exsecretario del Interior Guillermo Polo Carbonell.
Por: Roberto Tico Rosanía
Una de las voces más reconocidas y autorizadas en la ciudad, en el tema de seguridad, es el exsecretario del Interior y abogado Guillermo Polo Carbonell, quién define el complejo tema de la inseguridad en nuestro territorio en el sentido que “a los gobiernos locales se les exige que respondan por una vajilla que no han roto y que no tienen cómo reponer”.
Según un informe de la Policía entregado el pasado 7 de octubre a los medios de comunicación, “en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana se han registrado 500 muertes violentas, de las cuales el 50 %, o sea, unas 259 muertes, son perpetradas en el territorio y son atribuidas a las temibles bandas delincuenciales los Costeños y a los Pepes. El informe de la Policía del Atlántico dice que son 631 muertes violentas. Hemos pasado a tener 566 muertes violentas, en los nueve meses que van corrido del año 2024.
La estructura de los Costeños es comandada por Jorge Eliecer Díaz, y la llamada red de los Pepes por su jefe Digno Palomino, quienes mantienen una guerra sin cuartel, por el control de las finanzas criminales, y por las rentas del tráfico de sustancias alucinógenas en la ciudad.
“Los delitos que provienen del crimen organizado son competencia de entidades del Estado, diríamos que es un problema del Estado de muchas décadas” afirma Polo Carbonell. El alcalde como primera autoridad de la policía debe cumplir con su labor de vigilancia y control, dotándolo de equipamientos, de movilidad, infraestructura y comunicaciones.
“Un alcalde debe responder por el control de los delitos ordinarios inherente a todo centro urbano, el hurto a residencias, comercio y transporte público, asegurar la vigilancia por la policía que prevenga y controle la violencia interpersonal, lesiones personales, las riñas callejeras. Lograr la tranquilidad en los barrios de mayor afectación.
En sus investigaciones, Polo Carbonell sostiene que después de 15 años de la implementación completa del Sistema Penal Acusatorio en Colombia no se explica cómo los despachos judiciales mantengan la congestión que hoy tienen, y que la oferta de la policía judicial, de jueces y de fiscales sea absolutamente insuficiente frente al número de procesos penales que hoy llegan a estos despachos.
Hay espacios de reflexión, como los foros, seminarios y otros debates que acercan al ciudadano, sectores sociales, académicos y gremios económicos que nos deben llevar a examinar con qué retos enfrentar a la ciudad en materia de seguridad y justicia.
Asegura el analista Guillermo Polo que, en la medida que la situación tienda a complicarse y no se vea el apoyo del Estado, y este le siga exigiendo a los gobiernos locales que respondan por esta violencia, que es como culparlos por una vajilla que ellos no rompieron, la realidad empeorará. Ya es hora de que el Estado asuma la responsabilidad y la necesidad de reorientar la política criminal y fortalecer el Sistema Penal Acusatorio y el Sistema Penitenciario, asegura el exsecretario del Interior Polo Carbonell.
Si bien es cierto que los gobiernos locales por cosas mínimas tengan que responder, también es necesario que el gran peso de las soluciones o la respuesta verdadera la debe dar el Estado, la Rama Judicial y el Congreso de la República, solo en estos altos niveles se pueden producir los grandes cambios en la política criminal y en el establecimiento de mecanismos certeros para enfrentar la complejidad que implica combatir las economías ilegales, gobernadas hoy por decenas de estructuras delincuenciales que rebasan la capacidad de los gobiernos locales, puntualizó el exfuncionario.
“El narcotráfico es la madre de todas las violencias y que pocos son los esfuerzos que se hacen en materia de orientar la política en esa dirección, se necesitan cambios en la política criminal en esa dirección”, afirmó el exfuncionario.
Se requiere urgentemente cambios en esa política y un mayor esfuerzo fiscal para fortalecer la inteligencia y la operación de los organismos que son nuestros ordenamientos jurídicos, los primeros responsables en el sentido de combatir de manera eficaz la amenaza que representa hoy el crimen organizado y las poderosas mafias del narcotráfico..
La Reforma Penal que hoy cursa en el Congreso, propuesta por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia que aborda temas como la profundización de la justicia premial, reparación integral y una mayor aplicación del principio de oportunidad y de las pruebas anticipadas que seguramente permitirán una mayor celeridad en los procesos penales para lograr sentencias condenatorias, que serían, de ser aprobadas en caso que alcancen, muy interesantes resultados.
Este es un problema del Estado y tiene la tarea histórica de presentar un presupuesto al Congreso de la República, de un proyecto especial y específico para el sector de justicia y dejar de ser la cenicienta consuetudinaria en términos de prioridades del gasto público. “No hay sociedad viable sin seguridad y justicia”, sostiene finalmente Guillermo Polo.
