Entre los puntos acordados se encuentra la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en Chocó y Córdoba, para que los integrantes del grupo armado permanezcan mientras avanza la transición hacia una posible desmovilización.
En un hito para la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, el Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido comúnmente como Clan del Golfo, concluyeron este viernes la segunda ronda de diálogos en Doha, Catar, con la firma de un acuerdo que marca un paso decisivo hacia la desmovilización y la desescalada del conflicto armado en regiones clave del país.
El documento, suscrito por el jefe negociador gubernamental Álvaro Jiménez Millán y el representante del EGC, Luis Armando Pérez Castañeda, establece compromisos concretos para la ubicación temporal de combatientes y la ampliación de acciones piloto de paz, con el objetivo de aliviar el sufrimiento de las comunidades afectadas por décadas de violencia.
La ceremonia de firma se realizó en presencia de mediadores internacionales, incluyendo representantes de Catar (anfitrión y facilitador principal), España, Noruega y Suiza. Estos países han destacado los “importantes pasos” dados por ambas partes, enfatizando su “responsabilidad y dedicación” para poner fin al conflicto armado y mejorar las condiciones de vida de la población civil.
El acuerdo representa no solo un avance en la construcción de confianza, sino también un mecanismo para la verificación internacional, con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) como entidad encargada de monitorear su implementación.
Las Zonas de Ubicación Temporal: el corazón del acuerdo
Uno de los pilares del pacto es la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), espacios diseñados para el desplazamiento gradual y progresivo de combatientes del EGC a partir del 1 de marzo de 2026. Estas zonas se ubicarán en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba), municipios de alta influencia del grupo armado.
En estas áreas, se garantizarán condiciones de seguridad para los integrantes del Clan del Golfo, incluyendo la suspensión temporal de la ejecución de órdenes de captura y extradición durante su desplazamiento.
El documento oficial subraya que las ZUT no solo facilitarán la desmovilización, sino que también impulsarán la satisfacción temprana de los derechos de las víctimas, mediante la definición de condiciones progresivas para la reparación y la no repetición de violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
El mecanismo de verificación será tripartito: involucrará al Gobierno, al EGC y a observadores internacionales, con instalación prevista para el 18 de diciembre de 2025. La MAPP/OEA jugará un rol central en el seguimiento, monitoreo y verificación de todos los compromisos, asegurando transparencia y el cumplimiento en los territorios.
Ampliación de acciones piloto y desescalada de la violencia
Otro avance clave es la expansión de las acciones piloto de paz, que pasarán de cinco a quince municipios en regiones como Urabá, Bajo Cauca, Chocó, Córdoba y Bolívar. Estas iniciativas incluyen sustitución de cultivos ilícitos, desarrollo rural y protección de líderes sociales, con énfasis en la reducción de riesgos para las comunidades.
Las partes se comprometieron a un plan piloto para desescalar el conflicto, suspendiendo operaciones delictivas en zonas estratégicas como el Darién, donde el EGC había ejercido control sobre el tráfico de personas. Además, se reiteró la invitación a la Fiscalía General de la Nación para avanzar en un mecanismo especial de priorización de denuncias por infracciones al DIH, y se adoptaron garantías jurídicas y humanitarias para facilitar la transición de los excombatientes a la vida civil.
La noticia ha generado optimismo en el país. La MAPP/OEA celebró el acuerdo como “un paso importante para la paz”, mientras que líderes locales en Chocó y Córdoba lo ven como una esperanza para la tranquilidad regional.
