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Asegurados presuntos miembros de los Pikachu: “Vendían narcodulces a menores para inducirlos al consumo de estupefacientes”

Los elementos de prueba indican que esta estructura delincuencial sería la responsable de la intoxicación de un grupo de estudiantes en Barranquilla.

En las últimas horas recibieron medida de aseguramiento cinco presuntos miembros de los Pikachu, una banda delictiva señalada de inducir a niños, niñas y adolescentes al consumo de estupefacientes en Barranquilla.

Esto como parte de la estrategia investigativa definida por la Fiscalía General de la Nación contra las estructuras de narcomenudeo que invaden zonas públicas y ponen en riesgo la seguridad ciudadana y gracias a la gestión de un fiscal de la EDA, Estructura de Apoyo, que en coordinación con la fiscalía se ha centrado en la desarticulación de este tipo de grupos delincuenciales.

Los Pikachu comercializaban entre los menores de edad brownies, galletas, gomas y postres, entre otros alimentos preparados de manera ilícita con marihuana y diversas sustancias que generan dependencia. Esto detalló la Fiscalía:

“Los elementos de prueba dan cuenta de que los productos eran ofrecidos por redes sociales, vía WhatsApp y en los entornos educativos de la ciudad. Asimismo, se conoció que la estructura delincuencial usaba mensajes audiovisuales, música y personajes de caricaturas para llamar la atención de los estudiantes y convencerlos de comprar o distribuir los alimentos. En el curso de la investigación se estableció que el consumo de estos productos fue la causa de la intoxicación de cinco estudiantes de un colegio ubicado en el norte de Barranquilla, el 20 de abril de 2022“.

Los indiciados, Joaquín Emilio González Montiel, Mayra Alejandra Pacheco, Diana Montiel, Diana Valencia Ochoa y Luis Ángel Pacheco, fueron capturados en diligencias realizadas por el CTI y la Policía Nacional. La Fiscalía les imputó, según su posible participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; destinación ilícita de muebles o inmuebles; suministro a menor; y estímulo al uso ilícito.

Todos los procesados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad, cuatro de ellos en establecimiento carcelario y uno de detención en el lugar de residencia.

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