Entre aplazamientos y poca relevancia para los parlamentarios, la iniciativa tiene por delante siete discusiones más para ser una realidad.
Por decimocuarta oportunidad en 15 años, se encuentra en las esferas del Congreso de la República el proyecto que busca la reducción de los salarios para los dignatarios que ocupan una curul tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes.
La iniciativa, promovida por el Pacto Histórico y abanderada por los senadores María José Pizarro e Iván Cepeda, fue aprobada en primer debate por la Comisión Primera del Senado con 16 votos a favor y 0 en contra, luego de algunas trabas y aplazamientos en su discusión.
Tres veces fue aplazada la votación por la priorización de otros proyectos y actos. Sin embargo, quedan pendiente otras siete discusiones para que se convierta en reforma constitucional, es decir, todavía está crudo.
Horas antes de la votación, la senadora Pizarro había afirmado que la iniciativa ya corre riesgo de hundirse en el Legislativo por tiempos, ya que hasta junio de este año hay plazo para que complete al menos tres debates.
Con este ya son 14 los intentos para que se abra el debate y sea una realidad la reducción del salario para los congresistas, quienes actualmente devengan poco más de 48 millones de pesos mensuales, tras el reajuste salarial firmado por el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en 2024.
De hecho, en junio del año anterior fue hundido un proyecto de ley para bajar el salario de los congresistas. En esa oportunidad, la iniciativa fue aprobada en plenaria del Senado, pero al llegar al tercer debate en la Cámara de Representantes no prosperó al no recibir los votos suficientes: con 15 votos a favor y 14 en contra, de los 29 representantes que integran la Comisión Primera, no alcanzó los 21 suficientes para tener mayoría absoluta.
De 2025 al 2021 se produjeron 10 intentos, y, desde 2022 hasta 2025 se han dado otros tres, para un total de 13 proposiciones en 10 años, pero ninguna ha prosperado.
Para esta nueva oportunidad, la célula legislativa propuso la posibilidad de extender la reducción de salarios a otros funcionarios del Estado que ganen lo mismo o más que los congresistas, entre ellos, el presidente de la República (más de $57 millones al mes); la fiscal general de la nación; director de la Policía, ministros, entre otros.
