La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República dijo que las pérdidas rondarían los $4.200 millones.
El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, alertó en las últimas horas sobre un presunto detrimento encontrado en el Fondo para la Reparación de Víctimas, luego de una auditoría forense realizada en colaboración con la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
De acuerdo con la Secretaría de Transparencia del Ejecutivo, el desfalco se habría presentado durante el mandato del expresidente Iván Duque, por conceptos de irregularidades en el manejo y administración de recursos para el arrendamiento de bienes e inmuebles.
“La auditoría reveló presuntos malos manejos entre 2018-2022, incluyendo una pérdida estimada de $4.200 millones en recursos de arrendamiento de bienes inmuebles”, explicó la dependencia en un breve comunicado.
Asimismo, la Unidad para las Víctimas detalló que de esos $4.200 millones, particularmente $3.786 millones fueron producto de alquileres por debajo del precio debido.
“No se consideró el área total de los inmuebles a la hora de calcular los cánones mensuales de arrendamiento, lo que resultó en valores muy por debajo del precio correspondiente a la realidad de los inmuebles. Según la auditoría forense, esta irregularidad causó la pérdida de 3.786 millones de pesos ($3.786.954.885) entre 2018 y 2022”, citó la Unidad.
Dentro del informe presentado por la Secretaría de Transparencia, la auditoría identificó una concentración de contratación en grupos empresariales que variaron sus nombres para acaparar contratos con el Fondo para la Reparación de Víctimas por más de $84 mil millones.
“Grupos de contratistas variaron los nombres de sus empresas para acaparar los contratos, superando una suma de $84.000 millones ($84.585.794.564). De acuerdo con la auditoría, dicho detrimento fue posible gracias a la ausencia de control y transparencia en los procesos de contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión”, indicaron en el reporte.
Además, dentro de los hallazgos resalta un posible detrimento de $233 millones en estimaciones de alquileres en un valor inferior al precio que tenía el predio previamente, pero también el no incremento del arriendo durante varios periodos. Según el informe, esto se habría originado por la falta de transparencia de los funcionarios a cargo, quienes “establecían alquileres sin ni siquiera haber realizado visitas en campo para conocer el estado y las características de los predios”.
Por último, recalcaron que estos hallazgos sugieren una sistematicidad en los presuntos malos manejos durante la administración anterior del Fondo de Reparación de Víctimas, obstaculizando la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia
Informe: Luis Ángel Terán
