A través del fallo, el Consejo de Estado devolverá 1.402 hectáreas del Corredor Universitario y otras urbanizaciones a jurisdicción de Barranquilla.
Tras conocerse que el Consejo de Estado, a través del Sistema de Gestión Judicial, anuló la ordenanza 075 de 2009 que establece los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia, el distrito emitió un breve comunicado en el que informó que está a la espera de la notificación oficial para hacer efectiva el cumplimiento de la medida.
“El Distrito de Barranquilla aún está a la espera de recibir la notificación oficial de esta decisión de segunda instancia. Una vez se conozca el contenido de la sentencia, el equipo jurídico, junto con las dependencias competentes, adoptará las medidas necesarias para su efectiva aplicación”, señaló la administración del alcalde Alejandro Char.
La nulidad en segunda instancia significa que Puerto Colombia dejaría de tener control administrativo sobre el Corredor Universitario, en el cual se ubican prestigiosos colegios, universidades, almacenes de cadena, clubes sociales y villas campestres y la soberanía tributaria pasaría a Barranquilla.
Es de destacar que esta zona territorial es considerada como la zona de mayor desarrollo urbanístico del área metropolitana.
El embrollo de este asunto inició cuando diputados como Camilo Torres Romero aprobaron una ordenanza que redefinió los límites entre el Distrito de Barranquilla y Puerto Colombia, entregando a este último una franja de territorio que, según expertos como el abogado Alberto Peña, históricamente le ha pertenecido al municipio costero.
No obstante, esto generó inconformidad en el Distrito de Barranquilla, que demandó la ordenanza ante el ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, argumentando que la Asamblea departamental no tenía competencia para redefinir los límites.
Fue así como el 14 de Diciembre de 2016, el tribunal anuló, en primera instancia, la totalidad de la Ordenanza 075 de 2009, pero Puerto Colombia y la Gobernación del Atlántico presentaron un recurso de apelación el 20 de enero de 2017, cuya resolución es la que se ha dado ha conocer en las últimas horas y reafirma la decisión de primera instancia.
